Oficializan pedido de juicio para Áñez y aceptan demanda contra Camacho
La jornada de ayer se caracterizó por nuevos avances en los procesos que el oficialismo impulsa contra líderes de la oposición y de la anterior gestión: se confirmó que en la Cámara de Diputados fue presentada formalmente la petición de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez; la Fiscalía de La Paz aceptó la demanda penal contra el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, y esa misma instancia anunció pedir una certificación oficial a Interpol con respecto a la búsqueda de los exministros Arturo Murillo y Fernando López.
En el plano investigativo, se realizó la reconstrucción de los conflicto del caso Senkata, y la Fiscalía de la Policía anunció que investiga tres casos relacionados con el motín de 2019, aunque aclaró que no tiene a ningún efectivo denunciado formalmente.
Sobre el primer punto, el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, informó que ya está en la Comisión de Constitución la petición del inicio de juicio de responsabilidades contra Áñez.
“El Ministerio de Justicia nos ha derivado y hemos derivado a la Comisión de Constitución. Se está trabajando en los comités. Esperamos que la semana que viene nos presenten los resultados”, dijo a los periodistas.
El pasado 29 de octubre, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe de la Comisión, que recomienda un juicio de responsabilidades contra Áñez, documento que debía pasar a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, Mamani reveló que fue el Ministerio de Justicia el que presentó la petición y por ello se derivó el caso a la Comisión de Constitución.
En el informe, existen dos recomendaciones: la primera, un juicio de privilegio para Áñez por emitir el decreto 4078 que autorizó la salida de los militares y los liberaba de responsabilidad penal, y la segunda, un juicio penal ordinario, también contra la expresidenta y todo su gabinete por las muertes que se produjeron entonces.
Camacho
En cuanto a Camacho, la Fiscalía admitió ayer la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty contra del líder de Creemos y su padre José Luis, además de exjefes militares y policiales, por un supuesto “golpe de Estado” al gobierno de Evo Morales.
La denuncia culpa a Camacho de haber comandado grupos subversivos que comenzaron el presunto “golpe” con la quema de las sedes de los tribunales departamentales electorales (TSE), y a su padre, por complotar con sectores militares en actos de sedición y terrorismo.
Pedirán informe a la Interpol
La Fiscalía General solicitará comunicación oficial de la Interpol sobre el sello azul para citar a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, investigados por presunta corrupción.
Así declaró la jefa de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Grisel Arancibia, sobre la noticia de que la Interpol rechazó activar el sello azul por considerar que éste era un caso “político”.
“A la fecha no se ha recibido en la Plataforma de la Fiscalía General ninguna comunicación oficial de la Interpol, Francia”, manifestó Arancibia.
Realizan pruebas de balística en Senkata
El Ministerio Público realizó el pasado jueves la reconstrucción pericial balística y perimétrica para determinar el origen y trayectoria de las balas que impactaron en el cuerpo de varias personas, el pasado 19 de noviembre de 2019, en inmediaciones de la planta de Senkata, informó el fiscal departamental de La paz, Marco Antonio Cossío.
Los sucesos se dieron durante un operativo militar y policial que se realizó para bajar combustible de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la ciudad de La Paz, debido a los bloqueos, que se realizaban en diferentes calles y avenidas.
En ese entonces, varios de los manifestantes amenazaban con meter fuego a la planta, y la contención y represión a la multitud terminó con más de una decena de muertos y varios heridos.
El fiscal de Delitos Contra la Vida y parte de la Comisión que investiga el caso Senkata, Jhoel Ramos, explicó que durante la reconstrucción se desplegaron los cuatro fiscales de la Comisión y un equipo multidisciplinario de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) con profesionales en medicina y biología forense, peritos en planimetría y fotografía forense. También participaron familiares de heridos y fallecidos.
“El trabajo se realizó también para determinar la posición final de los fallecidos y el lugar donde habrían sido alcanzados por los impactos de bala, así también de las personas que resultaron heridas el día de los hechos”, agregó Ramos
La Fiscalía de la Policía investiga tres casos, pero no tiene proceso formal contra nadie por el motín
Ea Fiscalía de la Policía Boliviana investiga de oficio tres hechos ocurridos en 2019, durante los conflictos poselectorales, aunque hasta la fecha no tiene a ningún efectivo procesado por el caso del motín policial.
La información la dieron ayer el fiscal general de la Policía, Luis Carvajal, y el director general de Investigación Policial Interna (Digipi), Néstor Vilca.
Las investigaciones se realizan sobre la quema de oficinas disciplinarias en Cochabamba (durante el motín policial), la destrucción de una wiphala y un tercer hecho, que surgió por monitoreo de prensa, y que no fue especificado en la conferencia.
Todos estos casos fueron denunciados en noviembre y diciembre de 2020, y las investigaciones comenzaron en enero de 2020, pero fueron suspendidas por la pandemia. Actualmente, esas investigaciones fueron retomadas, pero no hay nadie en concreto que esté siendo procesado. “No hay ninguna denuncia formal para poder recabar los elementos de prueba”, dijo Carvajal.
“La Fiscalía policial se basa en la legalidad, debido proceso y presunción de inocencia”, añadió a tiempo de agregar que otro elemento que se tomará en cuenta son las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Carvajal admitió que se han manejado en redes sociales y medios de comunicación listas, atribuidas al exministro de Gobierno Carlos Romero) sobre policías investigados por el motín.
Sin embargo, reiteró, oficialmente, no se tiene ninguna denuncia formal.
Enfatizó que esa instancia no emite ninguna resolución para definir casos disciplinarios que están en curso de investigación, solicitando que se evite difundir información “antojadiza” que genera incertidumbre respecto a las investigaciones.
