Activistas marchan por Áñez y el MAS amenaza con frenar protestas
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas activaron ayer las movilizaciones en protesta por la sentencia a la exmandataria y la persecución política y judicial contra líderes políticos de oposición.
“Nuestro lema será ‘verdad, justicia y libertad’ y respeto a los derechos humanos de todos nosotros. El pueblo que luchó por la democracia ha sido condenado a diez años de cárcel”, refiere un comunicado de la Apdhb, ratificada por su presidenta, Amparo Carvajal.
El Conade, que participó de la marcha a través de sus plataformas, sostiene que “la democracia no ha muerto, porque si fuera así ya no se la podría recuperar y la vamos a recuperar, si de dictaduras militares se lo ha hecho por qué no lo vamos hacer de éstos”.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, que participó de la movilización, sostuvo que “la condena a la expresidenta es una provocación a todos los que defienden la democracia”.
“La condena realizada a la expresidenta es una provocación a todos nosotros, a los que hemos salido a las calles a defender la democracia en 2019, a la generación ‘pitita’ y a la generación 21F. Esta dictadura nos está provocando por eso tenemos que retomar las calles, las pititas y plataformas vuelven a las calles”, manifestó.
Advertencia
En este contexto, el Pacto de Unidad salió al frente y anunció que se declara en emergencia para “contrarrestar” las marchas, en medio de advertencias de que no permitirán las mismas ni bloqueos, por considerar que se trataría de una nueva provocación de la “derecha”.
“Vamos a defender al Gobierno no permitiendo marchas ni bloqueos (...). Podemos salir de manera pacífica a las calles. Nosotros no vamos a estar de manos cruzadas; estamos en estado de alerta”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas.
Según el dirigente, se encuentran preocupados por el anuncio de movilizaciones contra el Gobierno y que rechazan esas posiciones.
Sostuvo que no pretenden enfrentarse o alentar la confrontación entre bolivianos, pero que defenderán a la administración de Luis Arce.
Tensión
Estas marchas pacíficas y la respuesta de contrarrestar las mismas ponen en la escena nuevamente la polarización política en el país, profundizada a partir del manoseo de la justicia para atacar a quienes rechazaron el fraude electoral de 2019.
“Como es habitual, el gobernante MAS ante estas protestas pacífica responde con una serie de maniobras, que sostienen que si van a ser pacíficas no se confrontará, pero sucede todo lo contrario porque saca a sus grupos de choque para provocar y agredir, y los que comandan son empleados públicos, los supuestos autoconvocados”, señaló la politóloga Patricia Velasco.
Recordó que, en anteriores movilizaciones pacíficas, grupos de choque del MAS agredieron a activistas y ciudadanos, incluso se observó al actual viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, agredir al asambleísta nacional Alberto Astorga.
Acciones del Gobierno pueden repetir crisis
El abogado Juan del Granado, que es parte del grupo de abogados independientes, señaló que las decisiones judiciales y el anuncio de procesos contra líderes políticos por los hechos de 2019 profundiza la crisis social y se puede repetir la que vivió Bolivia hace tres años, por lo que convocó a la ciudadanía a movilizarse por la transformación de la justicia boliviana.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció movilizaciones y emplazó al exlíder cívico cruceño y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a liderar las protestas en Santa Cruz, tras la sentencia a la expresidenta Jeanine Áñez a 10 años de cárcel.
“Esta conducta autoritaria está repitiendo el camino a la crisis de 2019. Esto no puede ocurrir, no podemos repetir la confrontación la polaridad, los momentos dolorosos que hemos vivido a partir del desconocimiento de la Constitución Política del Estado, del desconocimiento y la violación de independencia de poderes, y por ello nuestra exhortación está dirigida al Gobierno y que desande estos pasos riesgosos, ilegales y que sea el promotor de un ambiente de concertación”, dijo del Granado.
Pero el Movimiento Al Socialismo (MAS), en su afán de insistir en que hubo golpe de estado, estableció que, tras la sentencia contra Áñez, se juzgue también a los líderes políticos que la acompañaron.
Gobierno busca imponer su teoría
El ambiente político y social en Bolivia continúa encendido y tenso. El Gobierno de Luis Arce persiste en imponer una verdad única con la narrativa de que lo acontecido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado a un gobierno democrático, ignorando el repudio popular hacia Evo Morales por sus abusos y angurria de poder, señala la politóloga Patricia Velasco.
Recordó que con su huida puso en riesgo al país, en un ambiente polarizado bajo la amenaza de una lucha fraticida.
“Ahora se busca una nueva descomposición política y social que puede llevar a Bolivia a un punto de gran incertidumbre”, dijo la analista.
