Gobierno afirma que sesión convocada por Rodríguez es "nula" y que no promulgará normas "fuera de la ley"
El Gobierno, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que la sesión que llevó adelante el Senado ayer, miércoles, en pleno receso legislativo, es "nula de todo derecho".
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Ayer, el Senado sesionó por convocatoria de su presidente, Andrónico Rodríguez, y, así, desafió a lo dispuesto por la cabeza de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, quien impuso que el receso legislativo inicie el 23 de diciembre y por el lapso de 15 días "sin Comisiones de Asamblea".
En la sesión, que logró quórum por la presencia de 21 de 36 senadores - ninguno del ala 'arcista' del Movimiento al Socialismo (MAS)- el Senado aprobó declaraciones en contra de la prórroga de magistrados y también contra el receso legislativo impuesto por Chpquehuanca.
Además, también sancionaron la Ley de "Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia" y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación.
No obstante, el Viceministro de de Coordinación Gubernamental afirmó que el Gobierno no promulgará la Ley, puesto fue aprobada en una sesión que, considera, ilegal.
"Nosotros y nuestro gobierno no podría promulgar algo que está fuera de la ley", afirmó, según reporte de Cadena A.
Torrico, incluso, afirmó que la aprobación de la Ley por parte del Senado se constituye en una "trampa" para que el Gobierno dé "validez" la polémica sesión de la Cámara Alta.
"La trampita es simple. La ley que no han aprobado un año, que le han puesto todos los peros lo promulgan por unanimidad, ¿qué lindo no?, pero está bien, nos sirve como antecedente porque cuando haya una sesión realmente constitucional, basada en el normativa vamos a exigir la aprobación de esta ley y ahí se verá que buscaban en este espacio", aseveró.
La Ley, según información oficial, tiene como objetivo principal implementar medidas de protección especiales para las víctimas de violencia como una alternativa a la prisión preventiva. La propuesta plantea la aplicación de la medida cautelar personal de vigilancia de la persona imputada mediante un dispositivo electrónico de seguimiento.
En ese sentido, busca regular de manera detallada el uso, control y funcionamiento técnico de estos dispositivos electrónicos de vigilancia.
Estas medidas de protección especial están destinadas a las víctimas de violencia que se encuentran en riesgo de perder sus vidas o como medida cautelar personal en el proceso judicial. La medida cautelar personal autónoma establece un perímetro territorial autorizado para la permanencia o desplazamiento de la persona imputada, pudiendo aplicarse de manera independiente o en conjunto con otras medidas cautelares personales. Asimismo, puede utilizarse para evitar que la persona imputada se acerque o contacte a la víctima en casos de peligro para su vida.
"El enfoque principal de esta iniciativa es la incorporación de la tecnología como un elemento fundamental en la protección de las víctimas de violencia, al tiempo que permite que los imputados continúen su proceso penal bajo una vigilancia constante a través de los dispositivos electrónicos", informó la Cámara de Diputados tras la aprobación de la norma, en octubre pasado.
