Mecanismos para asegurar que la producción no afecte el medio ambiente, defensa del consumidor y control social, son los aspectos más sobresalientes en los proyectos de las nuevas leyes de Hidrocarburos y Electricidad.

Los borradores de las normas son consensuadas con gobiernos departamentales, municipales y organizaciones sociales.

En Cochabamba, el taller departamental concluyó ayer luego de que las cinco mesas de análisis presentaran sus propuestas y observaciones ante el viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Miguel Yagüe, quien dijo que el mismo proceso será realizado en todo el país para sacar borradores que nuevamente se someterán a consulta antes de su redacción final.

Yagüe señaló que las nuevas leyes deben reflejar mandatos constitucionales, razón por la que se incorporó la protección del medio ambiente o la garantía del acceso a electricidad o gas como derechos fundamentales.

“No se trata de que las empresas encuentren trabas que no les permitan producir sino de que puedan trabajar sin afectar el entorno. También se busca garantizar electricidad y gas como parte de los servicios básicos y de la cadena productiva”, señaló.

Los nuevos proyectos de ley también contienen un capítulo completo destinado a normar la defensa del consumidor, que en la ley vigente no existe.

Control
Un tema sobre el que las mesas de análisis hicieron bastante énfasis, durante la exposición de sus observaciones, fue la posibilidad de ejercer control social en los sectores de energía contemplada en ambos proyectos de ley.

Al respecto, Yagüe señaló que el tema debe ser manejado con “racionalidad” y que el control social tiene que ser institucionalizado para que permita validar las políticas del sector y no tiene que constituirse en un obstáculo para desarrollar el trabajo.

“Se habla de fiscalización, supervisión, control, hay que ver cómo puede funcionar y qué se puede desagregar”, dijo.

Tarifas
Otro aspecto tratado fue la participación social en la definición de tarifas.

Según los participantes del taller, éstas deberían someterse a consultas populares antes de su aprobación y puesta en marcha.

Yagüe manifestó que, en el caso de las tarifas por energía eléctrica, en el actual marco legal de la ley existe una instancia de consulta pública, aunque no se cumple a cabalidad.

Explicó que, en todo caso, lo que debería hacerse es transparentar los procesos de aprobación de estructuras tarifarias con mayor información y acceso a los procesos de definición.

Los talleres de construcción de las nuevas leyes de Electricidad e Hidrocarburos continuarán replicándose en el resto del país en un proceso que demandará aproximadamente un mes antes de la elaboración del borrador final para su presentación a la Asamblea Plurinacional (ex Congreso), dijo Yagüe.

Otras instancias también alistan proyectos de leyes en el ámbito económico con la consulta a diversos sectores.

Los ingresos en la mira

Las cinco mesas de trabajo organizadas para el análisis y presentación de observaciones de los proyectos de ley de Hidrocarburos y Electricidad trabajaron en torno a la cadena productiva, el Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH) e institucionalidad.

En el tema de ingresos por hidrocarburos, uno de los puntos de fuerte interés, el cálculo presentado en la propuesta de ley plantea un 11 por ciento de regalías departamentales, uno por ciento de regalía nacional compensatoria (con Pando y Beni como beneficiarios), seis por ciento de participación al Tesoro General de la Nación (TGN) y un porcentaje no definido para un fondo de inversiones.

Los participantes en las mesas indicaron que entre los desafíos del sector hidrocarburífero están: garantizar la inversión de los recursos de la renta petrolera con mayor visión estratégica; mejorar los mecanismos de distribución de los recursos, incorporando criterios de mayor equidad; transparentar el uso y destino de los recursos asignados a los ámbitos nacionales, departamentales y municipales; y reinversión de los recursos en el sector estratégico, entre otros.