Bufete de EEUU defenderá al Estado

El bufete de abogados Dechert LLP, con sede en Estados Unidos, ganó la licitación lanzada hace un mes por el Ministerio de Defensa Legal y será codefensor del Estado de Bolivia ante las solicitudes de arbitraje por los casos CLHB, Euro Telecom y Quiborax.

El estudio jurídico, que también tiene oficinas en Europa y Asia, recibirá el pago anual de 1.350.000 dólares por los tres casos, unos 625 dólares por hora de asesoramiento, de acuerdo con las resoluciones administrativas de adjudicación publicadas por el ministerio el jueves pasado. En el caso de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), el segundo arbitraje por una nacionalización, el bufete estará encargado de la defensa ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que administrará el proceso bajo reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

En mayo de 2008, el Gobierno de Evo Morales asumió el control de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), controlada por Oiltanking GmbH, Graña & Montero SAA y Graña y Montero Petrolera, en el marco del proceso de nacionalización del sector. Las tres inversionistas presentaron notificación de arbitraje el 12 de enero pasado.

Dechert LLP es también responsable de la defensa en el caso del arbitraje por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) iniciado por Euro Telecom International (ETI) y en el de la compañía chilena Quiborax que comenzó el proceso por la anulación, durante el gobierno de Carlos Mesa, de su concesión minera para explotar ulexita en el salar de Uyuni.

El arbitraje por Entel fue interpuesto el 13 de octubre de 2009 por ETI sobre la base del Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y Bolivia. El 1 de mayo de 2008, el Gobierno nacionalizó las acciones de ETI en Entel. Por esta acción, la compañía demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi), que Bolivia desconoce, situación que utilizó como estrategia para librarse del arbitraje.

El 18 de enero pasado, sin embargo, el ex ministro de Defensa Legal del Estado Pablo Menacho denunció que Cecilia Rocabado, también ex titular de la cartera, firmó dos acuerdos con ETI.

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