Mientras el empresario y dirigente opositor Samuel Doria Medina, accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), señaló ayer que esperan la “valoración de un tercero” de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) para no ir a un arbitraje internacional, el Gobierno cuestiona que las acciones tengan un valor de 80 millones de dólares.

Doria Medina, en declaraciones a la radioemisora Erbol, dijo que espera evitar un arbitraje internacional para determinar el valor de sus acciones en la fábrica de cemento que el miércoles pasado fueron expropiadas por el Gobierno del presidente Evo Morales, al igual que a sus socios del grupo mexicano Chihuahua.

El empresario dijo que para evitar ir a un arbitraje internacional su intención y la de sus socios mexicanos es que una entidad independiente valore las acciones nacionalizadas.

"Ellos (el grupo Chihuahua) esperan que sea una valoración independiente, de un tercero. Ellos tampoco quieren entrar a un arbitraje si es que se puede tener un arreglo desde ese punto de vista", indicó a la vez que anunció el arribo a Bolivia, la próxima semana, de los inversionistas de México.

Doria Medina, líder de la centrista y minoritaria Unidad Nacional (UN), compró acciones de la empresa cementera mixta Fancesa, en el departamento de Chuquisaca, por un valor de 26 millones de dólares, que ahora se cotizan en 80 millones, según explicó.

"Si el Gobierno nos devuelve el mismo monto con el compramos las acciones de Fancesa no vamos a aceptar, porque es como comprar una casa y a los 10 años llegue el dueño y le digan que le devuelven el dinero pero la casa se ha mejorado", argumentó el empresario.

La Administración de Morales expropió las acciones de la empresa de Doria Medina –la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) que cuenta con un 47 por ciento de participación del Grupo de Cementos Chihuahua– en Fancesa equivalentes al 33 por ciento del capital en beneficio de la Gobernación de Chuquisaca, dirigida por el oficialista Esteban Urquizu.

Morales justificó la nueva expropiación, que se suma a decenas en los últimos cinco años, con el argumento de que Soboce obtuvo de forma "ilegal" sus acciones en 1999. En ese sentido, el Gobierno acusó de corrupción y tráfico de influencias a Doria Medina, ya que siendo ministro de Planeamiento en 1992 promovió leyes que lo habrían beneficiado en la compra de las acciones de Fancesa.

El sábado, el asambleísta Jaime Navarro y el economista Néstor Orgaz alertaron que la reversión de Fancesa puede convertirse en “botín político”.

Según Navarro, el Gobierno baraja nombres de “ex miristas y ex emenerristas” para la administración de la empresa.

Por su parte, Orgaz manifestó que el Gobierno está ahuyentando la inversión privada nacional y extranjera.

Dudan precio de acciones

En declaraciones al programa dominical El Pueblo es Noticia, de las estatales radio Patria Nueva y Bolivia TV, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, expresó ayer sus dudas respecto a que el valor de las acciones en Fancesa que fueron revertidas de Soboce alcancen un valor de 80 millones de dólares, tal como afirma Doria Medina.

"Le han puesto precio de gallina muerta para vender las acciones al capital transnacional. Él (Samuel Doria) ahora, por el contrario, le pone el doble. Ahí está el entreguismo. El ‘vendepatria' no va a ocurrir: que gente se haga dinero a costa del Estado", dijo Chávez en referencia al valor de las acciones de Soboce.

El Viceministro rechazó que se vaya a un arbitraje internacional a pesar de que Soboce tiene capitales del mexicano Grupo de Cemento Chihuahua (GCC).

Explicó que en plazo de 180 días se realizará una evaluación donde se determinará el valor de las acciones. Adelantó que del pago va a debitar un monto por "pasivos financieros tributarios, laborales, comerciales, ambientales y sociales".