Ed. Impresa CONFLICTO POR EL TIPNIS
LOS HECHOS DE LA IX MARCHA INDÍGENA
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 28/06/2012
El Gobierno desconoce la Ley 180
El 10 de febrero de este año, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 222 de Consulta Previa para decidir si la carretera Cochabamba-Beni atraviesa o no el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), desconociendo otra ley que aprobó el 24 de octubre de 2011, la 180 de Protección del parque, y desoyendo advertencias de posibles conflictos por la medida.
La decisión de Morales y del oficialismo, de impulsar la consulta “previa”, fue tomada luego de la llegada de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) –afín al Gobierno- a La Paz para exigir la construcción de la carretera por el Tipnis. Morales argumentó que fue “presionado” por la VIII marcha para firmar la Ley 180.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), ante lo que consideró una “anulación” de hecho de la ley corta que protege el Tipnis –aún vigente--, anunció el mismo día de promulgación de la Ley 222 que los preparativos para la IX marcha indígena ya habían comenzado.
Activan gran campaña gubernamental
Luego de la promulgación de la Ley 222, el Gobierno comenzó con fuerza una campaña al interior del Tipnis para captar apoyo de las comunidades indígenas.
Paralelamente, los dirigentes de las subcentrales del territorio y de la Cidob viajaron por varios de los pueblos para denunciar al Gobierno y su insistencia en la construcción de la carretera.
A pocos días del inicio de la IX marcha, el Gobierno llevó regalos supuestamente en su labor de consensuar con las comunidades visitadas el contenido del protocolo o reglamento de la Ley 222 de consulta “previa”.
Varios dirigentes denunciaron que, incluso sin el permiso de sus máximos representantes, y pese al rechazo de la gente del lugar, las autoridades del Ejecutivo, de la Gobernación y algunos municipios benianos insistían en ingresar a las comunidades.
El presidente Evo Morales fue personalmente al Tipnis para llevar regalos como motores fuera de borda y otros.
La marcha parte pese a amenazas
El 27 de abril pasado, unos 200 marchistas indígenas salieron de Trinidad para iniciar la IX marcha, la segunda en menos de un año, en defensa del Tipnis.
La fecha inicial de partida estaba fijada en Chaparina para el 25 de abril, en homenaje a la represión policial del 25 de septiembre de 2011; pero un bloqueo instalado en San Ignacio de Moxos impidió cumplir los planes.
Además de ese corte de ruta, otros bloqueos instalados en diferentes puntos de Beni imposibilitaban que los marchistas puedan concentrarse en Chaparina o Trinidad.
Además de los cuatro puntos de bloqueo en San Ignacio de Moxos, efectuados por grupos afines al Gobierno, otras organizaciones también cercanas al oficialismo, cortaron el camino Yucumo-La Paz-Quiquibey y el camino entre Guayaramerín y Riberalta.
El Gobierno dijo que daba garantías a la IX marcha y finalmente los indígenas partieron. El primer día los caminantes recorrieron 16 kilómetros.
El Ejecutivo logra dividir a dirigentes
Pese a que todas las regionales de la Cidob aprobaron la IX marcha en defensa del Tipnis, después de iniciada la caminata varios dirigentes se desmarcaron, prohibieron a sus bases asistir a la marcha e iniciaron una campaña para destituir a Adolfo Chávez de la presidencia de la entidad matriz de los pueblos indígenas de tierras bajas.
Todos los dirigentes disidentes, previamente, firmaron acuerdos con el Gobierno que supuestamente sólo tenían el objetivo cumplir las demandas de desarrollo de sus pueblos.
Aunque los dirigentes de la IX marcharon indicaron que esos convenios y disidencias no perjudicaban, en la primera etapa de la caminata la columna estaba reducida.
Las organizaciones con las que el Gobierno firmó acuerdos son: la Central de Pueblos Indígenas de La Paz; la Central de Pueblos Indígenas de Cochabamba; la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz; la Organización Indígena Chiquitana; la Organización de Capitanías Weehnayek, Tapiete (Orcaweta); la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) y la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).
Desprestigio y rechazo en el camino
La estrategia para frenar o debilitar la IX marcha cambió y, en vez de enviar a policías a frenar la caminata, esta vez el Gobierno tuvo como aliados a las organizaciones sociales.
Al pasar por San Ignacio de Moxos, los marchistas no pudieron ingresar al pueblo debido a que grupos oficialistas les vetaron el paso y se organizaron para esperarlos con pancartas de rechazo y con insultos. Una actitud similar vivieron en Yucumo.
Ya en territorio paceño, los indígenas también soportaron presiones. Autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones afines decidieron impedir que los marchistas ingresaran a Caranavi. Finalmente no pudieron vetarles el paso porque los pobladores los defendieron.
El Gobierno apuntó también a los dirigentes. Lanzó constantes denuncias y críticas. Recientemente denunció a la presidenta del comité de marcha, Bertha Bejarano, porque cumplió hace años atrás una condena por narcotráfico en Brasil. Ella lo admitió y dijo que pagó por lo que hizo.
La caminata se fortalece por las bases
Varios de los dirigentes de la Cidob que firmaron convenios con el Gobierno fueron desconocidos por sus bases, que decidieron sumarse a la IX marcha por el Tipnis.
Ayer, unos mil marchistas llegaron a la sede de Gobierno. Dos meses antes, apenas 200 caminantes se reunieron en Trinidad para comenzar la movilización, debilitada por la campaña desplegada por el Ejecutivo.
En las siguientes semanas se registró un descenso de participantes y después la cifra comenzó a subir. De acuerdo con un reporte de la Fundación Tierra, para el 15 de junio la cifra de marchistas ya había llegado a los 700. Además de los adultos, en la marcha también habría unos 150 niños.
Para la siguiente semana, la suma era de unos 1.000, ya cerca del ingreso a la ciudad de La Paz.
Además de los indígenas del Tipnis, de otras Tierras Comunitarias de Origen, del Conamaq y de otros pueblos, activistas de derechos humanos, medioambientalistas, colectivos urbanos y otros también participaron de la movilización.
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