Fiscales, policías y militares intervinieron ayer en una operación simultánea las oficinas de la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB), en Puerto Suárez, La Paz y Santa Cruz. La planta de la compañía en yacimiento de El Mutún fue militarizada para vigilar la maquinaria que se encuentra en el lugar.

El operativo ocurrió pocos días después de que JSB decidió rescindir el contrato de riesgo compartido con el Estado para la explotación de hierro.

Las oficinas fueron precintadas y los fiscales secuestraron equipos y documentos que serán analizados en el marco de las investigaciones por un supuesto incumplimiento de contrato, explicó el fiscal Marco Rodríguez, en La Paz.

Los dirigentes del Comité Cívico de Puerto Suárez criticaron la medida porque agrava el conflicto social en la región y los analistas Bernardo Prado y Julio Alvarado coincidieron en que el Gobierno obró de forma inadecuada.

El fiscal Rodríguez afirmó que, en el allanamiento a las oficinas de Jindal en La Paz, se secuestraron dos computadoras y documentación de la empresa, que serán valoradas con fines investigativos.

“En días pasados, los personeros de esta empresa habrían sacado otros documentos que presumimos hacen referencia a los contratos de Jindal con el Estado boliviano (…) está tipificado como obstrucción a las investigaciones que se realiza en el Ministerio Público”, afirmó.

Al igual que en La Paz, las oficinas de Santa Cruz también fueron allanadas con policías.

En Puerto Suárez, el fiscal de frontera Sergio Tarquino presidió el operativo junto a efectivos militares. Al menos 14 funcionarios fueron desalojados, se precintaron las oficinas de Jindal y se instruyó su militarización. Lo mismo ocurrió en los predios ocupados por Jindal en el yacimiento del Mutún.

El pasado 17 de julio, la empresa Jindal, mediante un comunicado oficial, formalizó la ruptura del contrato de riesgo compartido con el Gobierno boliviano, firmado para la explotación de hierro en el Mutún.

Entonces, Jindal indicó que decidió rescindir el contrato debido a las “actitudes anti-inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del Gobierno de Bolivia”.

El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, dijo que con esa acción se agravó la situación de los trabajadores, que no podrán acceder a la liquidación de sus beneficios sociales, iniciada el pasado jueves.

“Apenas unos cinco trabajadores cobraron el jueves sus liquidaciones, el resto no sabe qué hacer, porque al parecer se llevaron también las planillas de pago”, sostuvo. Añadió que la situación será tratada en un cabildo abierto, la próxima semana.

Adelantó que “ante la falta de voluntad política e irresponsabilidad del Gobierno”, las organizaciones cívicas de Santa Cruz, mediante la constitución de una sociedad anónima, estarían dispuestas a explotar e industrializar el Mutún.

“Señales dañinas”

La intervención realizada afecta la imagen del Gobierno a nivel internacional, refirió el analista económico Bernardo Prado. “(…) Cuando se trata de verificar inversiones (de Jindal) supongo que existen otras instancias como el Ministerio de Minería o la Empresa Siderúrgica del Mutún que pueden verificar inversiones mediante evaluaciones e informes de auditoría”, sostuvo y Alvarado dijo que se “está enviando señales muy dañinas” a la comunidad internacional sobre falta de seguridad jurídica para las inversiones en Bolivia.

Alvarado señaló también que al apoyarse en la fuerza militar, el Estado cometió una ilegalidad porque las FFAA tienen por mandato constitucional la seguridad externa e interna.

TRES OPERATIVOS

J Fiscales inspeccionaron y secuestraron documentos de instalaciones de la empresa india en Puerto Suárez, Santa Cruz y La Paz.

“Hay gas para el Mutún”

El Gobierno dijo ayer que Bolivia tiene los volúmenes de gas necesarios para desarrollar el proyecto siderúrgico del Mutún, aunque el grupo indio Jindal Steel and Power Limited (JSPL) sostenga lo contrario para, según las autoridades, justificar la "debilidad económica" que demostró en el país.

El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, garantizó un volumen inicial de 2,5 millones de metros cúbicos por día (MMCD) para la empresa que ejecute ese proyecto, hasta un total de 10 MMCD. "En el tema del gas hemos hecho llegar el contrato borrador (a Jindal) con volúmenes incrementales por año y son esos volúmenes los que están en mesa para una futura empresa que venga a negociar el precio del gas", dijo a los periodistas.

Sosa dijo que Jindal suspendió unilateralmente la negociación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), respecto al suministro de gas, antes de rescindir el contrato que firmó en 2007 con la promesa de invertir 2.100 millones de dólares para la explotación e industrialización de hierro.

Arbitraje

La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Jindal Steel and Power Limited (JSPL) tienen 90 días para resolver por "vía amigable" el contrato de riesgo compartido que suscribieron en 2007, antes de llegar a un arbitraje internacional, explicó ayer el director del Departamento Jurídico del Ministerio de Minería, Juan Carlos Carrasco.

Carrasco informó que el grupo indio no asistió a la reunión extraordinaria que convocó la estatal ESM para dialogar sobre las controversias sobre el proyecto de explotación e industrialización del hierro.

Respecto a la fecha de inicio de ese plazo, dijo "que ése es un tema que tienen que establecerlo los ejecutivos de la empresa, no me corresponde señalar el tiempo desde cuando empieza a correr".