Ed. Impresa TIPNIS | Varios expertos observaron los casos en los que el Gobierno ignoró los acuerdos internacionales sobre la consulta a los pueblos indígenas
Consulta: juristas apuntan a instancias internacionales
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 11/08/2012
Los expositores en el conversatorio sobre la consulta previa, anoche en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). - Diego Cartagena Periodista Invitado
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El Gobierno del presidente Evo Morales no sólo ha desconocido varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) en la aplicación de la denominada consulta previa en el Tipnis, sino también acuerdos internacionales que en muchos casos tienen más valor que la propia CPE. Agotados los recursos jurídicos de alegatos a nivel nacional sólo queda volver a esas instancias internacionales.
A esta conclusión llegaron anoche, con algunos matices, varios juristas reunidos en el conversatorio “Consulta Previa en Bolivia”, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
En este evento participaron el ex magistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Baldivieso; el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín; el director del Instituto de Estudios Internacionales, Óscar Alba, y el coordinador de Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe. Hizo de moderador César Cabrera, director del Colegio de Abogados de Cochabamba.
El evento estuvo organizado por el Ceadesc, el Colegio de Abogados de Cochabamba, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UMSS y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI).
En el encuentro, Baldivieso hizo hincapié en la sentencia 300 del actual Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que pese a sus contradicciones argumentativas, declara constitucional el proceso de consulta que lleva a cabo actualmente el Gobierno en el Tipnis. Ante este panorama queda acudir a instancias internacionales, tales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre el punto, Quispe declaró que presentó dos recursos con la certeza de que serían rechazadas, en vista de que el Poder Judicial obedece actualmente al Ejecutivo. “Había que agotar instancias nacionales para acudir a las internacionales”, acotó.
A su turno, Alba puso énfasis en el caso ecuatoriano de Sarayaku, donde la CIDH se pronunció a favor de los indígenas. “Esta caso sienta jurisprudencia”, sentenció Alba.
Se ignoraron pactos
Los indígenas cuentan con varios acuerdos internacionales a favor, comenzando por el acuerdo 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de 1981, que marcó un hito en la historia porque otorga a los pueblos indígenas la potestad de decidir su propia forma de desarrollo.
Sin embargo, pese a que este acuerdo está vigente desde 1981 ni este Gobierno ni los anteriores han sabido respetarlo, pues se han ejecutado muchas obras como la explotación de recursos hidrocarburíferos sin consultar a los pueblos indígenas, coincidieron los panelistas, anoche.
Albarracín observó, además, que la propia Constitución aprobada en la primera gestión del actual Gobierno establece en su artículo 256 que cuando un acuerdo internacional declare mayores derechos humanos que la propia Constitución se privilegiará la primera en su aplicación. “Pero Evo Morales aplica los acuerdos ‘al verrés’. Pisotea los derechos humanos y aplica la consulta cuando necesita una aprobación”.
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