Choferes amenazan con paro indefinido

Los choferes del país anunciaron ayer un paro indefinido contra el proyecto de ley que establece la confiscación de vehículos y otros bienes por contrabando o narcotráfico y admitieron que la huelga de ayer no fue contundente.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el paro fue “débil” y en defensa de corruptos, narcotraficantes y contrabandistas.

Juristas coinciden en que el proyecto de ley es incompatible con la Carta Magna.

Explicaron que la norma, si es aprobada, también iría en contra de tratados internacionales sobre derechos humanos.

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, informó que la fecha del paro indefinido será definida en el ampliado nacional que se llevará a cabo el viernes en Cochabamba.

“No vamos a decir que (el paro) fue un éxito o un fracaso, tenemos reporte de las federaciones, se ha visto en los medios que el transporte libre ha hecho que se dé la imagen de normalidad”, dijo Durán ayer a los medios en su evaluación del paro.

Según los datos que manejaba el Ministerio de Gobierno, en La Paz los bloqueos fueron poco significativos y muy aislados y toda la ruta troncal estaba despejada; en El Alto hubo 13 puntos de bloqueo y en Cochabamba “hubo un mayor grado de movilización”, mientras que en Oruro y Potosí los bloqueos estaban “zonificados”, pero en ningún caso en la cantidad que había anunciado la dirigencia del transporte. Mientras que en Santa Cruz y Pando la situación fue absolutamente normal, al igual que en Beni, dijo Romero.

En Cochabamba, el comandante de la Policía Departamental, Erwin Montaño, informó que el transporte sindicalizado logró bloquear alrededor de 18 puntos estratégicos en la ciudad y sobre las vías a oriente y occidente, sin haberse registrado conflictos con pasajeros en tránsito. Dijo que unos 500 efectivos policiales fueron movilizados en procura de garantizar el tráfico vehicular.

Rechazo a norma

“Jamás vamos a aceptar esta ley porque al margen del riesgo de perder nuestras herramientas de trabajo, por responsabilidad ajena, nos estarían obligando a revisar de manera minuciosa el equipaje y las encomiendas de los pasajeros”, sostuvo ayer el máximo dirigente del transporte sindicalizado de Cochabamba, Lucio Gómez.

Por su parte, Romero acusó a los dirigentes de los transportistas de asumir el papel de abogados defensores de los narcotraficantes, corruptos y contrabandistas, mediante el paro de ayer y aseguró que el proyecto de ley tiene una salvaguarda que excluye al transporte.

Esa afirmación fue refutada por Durán, quien dijo que en el último documento recibido por su sector, los transportistas siguen incluidos.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, aseguró ayer que el proyecto de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado fue diseñado para combatir al contrabando y al narcotráfico y no para las personas que trabajen en actividades lícitas. A su juicio, aquellos que actúan de buena fe deben demostrar que, aunque sean propietarios de los bienes, no están involucrados en actividades ilícitas y quedarán exentos de cualquier proceso.

Ley “atentatoria”

Los abogados constitucionalistas José Antonio Rivera y Víctor Gutiérrez coincidieron ayer en que el proyecto de ley va contra la Constitución Política del Estado (CPE) y viola tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, pues se juzga previamente, presumiendo culpabilidad.

Gutiérrez djo que entre los derechos y garantías de las personas están aquellos relacionados con ser escuchados y asumir defensa en un juicio, antes de que se emita una sanción.

“Esta norma aprobada en grande no permite asumir defensa, ni aportar pruebas, contrariamente viola todos los derechos y directamente los sindicados son objeto de una sanción punible. Eso es lo peligroso y grave de este proyecto de ley”, dijo Gutiérrez.

Rivera coincidió al señalar que “lo grave del caso es que aplica una sanción de confiscación sin oír y juzgar previamente a la persona ante un juez independiente, competente e imparcial; presumiendo, además, culpabilidad y no inocencia como manda la Constitución Política del Estado en su Artículo 116; la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Artículo 8; o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 14”.

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