Sindicatos ratifican unidad en su pedido de nacionalización de Sabsa

Los sindicatos de trabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ratificaron ayer la “posición unánime” de los trabajadores de base de recuperar para el Estado la propiedad y administración de los tres aeropuertos del eje troncal del país, dijo el secretario General del Sindicato de Trabajadores de Sabsa de El Alto.

El dirigente rechazó así las versiones de “algunos (trabajadores) protegidos” por la empresa que rechazan la nacionalización porque “ganan entre 15 y 20 mil bolivianos”.

“Los trabajadores de base estamos unidos en torno a la nacionalización de Sabsa, porque hemos evidenciado todos los años que los principales ejecutivos están empeñados en enriquecerse a costa de jugosos sueldos que perciben y la transferencia de aproximadamente 10 millones de dólares año al exterior”, dijo Chávez.

Añadió que según estimaciones de los dirigentes sindicales, los sueldos de los ejecutivos de Sabsa oscilan entre 40 y 120 mil bolivianos y dijo que el gerente general, Anthony Alicastro, es uno de los que gana 120 mil bolivianos mensuales, lo que significaría que “se llevó” más de 3 millones de dólares en los 15 años que administra Sabsa, sin haber concretado inversiones significativas para mejorar los servicios y la infraestructura aeroportuaria. “En todos estos casos se trata de enriquecimiento ilícito” según el dirigente.

“¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con la nacionalización de Sabsa cuando la diferencia de sueldos y salarios es abismal e injusta en los tres aeropuertos?”, cuestionó, especificando que el promedio salarial en Cochabamba es de 2.500 bolivianos; en Santa Cruz de 5.500 bolivianos y en La Paz de 3.500 bolivianos.

En criterio del trabajador Ramiro Méndez, la nacionalización debe servir para mejorar los servicios e infraestructura en Sabsa, garantizar la estabilidad laboral, reparar los desequilibrios salariales, asimilar el sistema contable de la actual administración y, sobre todo, para evitar la politización de la medida con la contratación de personal afín al Gobierno, así como ocurrió en las minas Huanuni y Colquiri.

El Gobierno se dio plazo hasta fin de mes para decidir si procederá o no a la nacionalización.

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