Perú: jefe del gabinete busca pacificar el país

LIMA |

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se reunió el miércoles con dirigentes de campesinos en la ciudad andina de Sicuani en un intento de poner fin a una protesta campesina que ha causado zozobra en el sureste de Perú.

 En la víspera, Simon dialogó con los agricultores de la ciudad de Andahuaylas y consiguió acuerdos que incluyen el cese de las medidas de fuerza cumplidas por los campesinos desde el 11 de junio, como el bloqueo de carreteras y del aeropuerto de la localidad.

 Luego de esa jornada de diálogo, que Simon llamó "heroica" e "histórica", se dirigió a Sicuani, donde los campesinos mantienen posiciones más duras frente a las negociaciones con el gobierno.

 "Hay posiciones mucho más radicales y hay grupos que están haciendo lo posible para que no se llegue a un acuerdo como en Andahuaylas. En Andahuaylas se llegó un acuerdo por la firme decisión de las comunidades, de hablar directamente", expresó Simon el miércoles a la emisora Radioprogramas.

 Los campesinos pusieron como condición para dialogar que sea liberado un profesor, que participaba el lunes en una marcha de los agricultores en Cusco y que fue detenido por tener en su poder botellas conteniendo gasolina, según contó a Canal 7 Hugo Gonzales, presidente del gobierno regional de Cusco, al que pertenece Sicuani.

 Ello generó un entrampamiento de las conversaciones, sin embargo, los campesinos reconsideraron sus exigencias. "El diálogo se había truncado, pero finalmente primó la lógica y la inteligencia", dijo Simon en declaraciones divulgadas por la agencia oficial Andina.

 Los campesinos de Sicuani exigen principalmente la anulación de concesiones mineras, la suspensión de la construcción de una planta hidroeléctrica, y la derogación de la legislación sobre recursos hídricos.

 Han bloqueado las carreteras de acceso a Sicuani e incluso amenazaron el pasado fin de semana con sabotear la realización el miércoles del Inti Raymi, una festividad de tradición inca que congrega en el Cusco a miles de turistas. No obstante, luego desistieron de su amenaza.

 El gobierno autorizó en la víspera a las fuerzas armadas intervenir en apoyo de la policía para garantizar el orden interno en las regiones de Cusco, Apurímac y Junín, donde se desarrollan las protestas.

 La protesta de los campesinos del sureste peruano surgió luego de los graves incidentes de violencia del pasado 5 de junio, cuando por lo menos 33 personas murieron en Bagua en enfrentamientos entre policías y nativos durante el despeje de una carretera tomada por indígenas selváticos.

 Los nativos exigían la derogatoria de dos decretos que consideraban permitirían la venta de sus territorios ancestrales a las empresas petroleras y gasíferas. El gobierno cedió a sus exigencias y el pasado jueves el congreso derogó los decretos.

 Simon y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas fueron interpelados por el congreso y deberán presentarse el jueves ante el pleno para explicar los sucesos de Bagua.

 El congreso podría censurar a Simon si no considera satisfactorias sus explicaciones, y de acuerdo con la constitución peruana, ello lo obligaría a renunciar junto con todo su gabinete.

 "Voy con una sonrisa en los labios y mi conciencia tranquila a poder responder", dijo Simon el miércoles. "Si ellos quieren la censura, están en la libertad de hacerlo. No me siento culpable de nada", aseguró.

 El gobierno atribuye a grupos extremistas haberse infiltrado en las recientes protestas con el objetivo de desencadenar la violencia y desestabilizar la democracia.

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