Ed. Impresa ESPECIAL | El clima de inseguridad que viven los países centroamericanos como Guatemala y El Salvador aviva el debate para la aplicación de la pena de muerte contra el crimen organizado y la violencia pandillera
Crimen organizado implanta el terror en Centroamérica
Por Alfredo Jiménez Pereyra - Los Tiempos - 9/08/2010
Efectivos militares arrestan a varios pandilleros juveniles en El Salvador, en junio pasado. - Ap Agencia
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El recrudecimiento de la violencia en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala, abrió sendos debates en la sociedad y la clase política pues unos piden mayor seguridad gubernamental, construcción de cárceles especiales, mientras otros piden que se instaure la pena de muerte.
El último informe que presentó este año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) advierte que la violencia y el crimen organizado sobrepasó todo tipo de límite.
El documento de la Unodc indica que la región más afectada hoy en día es el Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador.
La intensa violencia generada por las drogas ha planteado un grave problema para la gobernanza.
Según el estudio, la tasa de asesinatos en México por cada 100 mil habitantes entre 2003 y 2008 fue de 12 por ciento, inferior a la registrada en Honduras (61 por ciento), El Salvador (52 por ciento) y Guatemala (49 por ciento).
La ONU destaca que en Centroamérica “los principales traficantes son bastante más sofisticados que pandilleros callejeros y están vinculados con algunos miembros de las élites gobernantes y no de las clases pobres”.
Según analistas citados por BBC Mundo, el comportamiento de la violencia en El Salvador debe ser analizado en su contexto. Si antes estas redes operaban con tranquilidad, ahora aumentan el terror cuando el Estado los quiere combatir.
Con esta lógica, es que muchos narcotraficantes encontraron en los pandilleros (maras) la mano de obra más barata para realizar sus actos ilícitos.
El diario Prensa Libre de Guatemala indica que la reacción de la delincuencia ante medidas adoptadas en las prisiones para un mayor control de los reos mantiene entre el temor y la indignación a la sociedad guatemalteca.
Pandillas con sus jefes entre rejas llevan a cabo un plan dirigido a implantar el terror, con acciones cuyos resultados son calificados de macabros y un repudio generalizado, pero sin una respuesta adecuada hasta el momento.
El pasado 10 de julio fueron halladas cuatro cabezas humanas en otros tantos puntos de Ciudad Guatemala, además de un cuerpo decapitado, una de las primeras desafiante muy cerca de la puerta principal del Congreso de la República.
Junto a esos restos había mensajes amenazantes para el Ministerio de Gobernación y, fundamentalmente, contra el Sistema Penitenciario (SP), los cuales tratan de evitar la conducción de las maras en las calles desde las cárceles por sus cabecillas recluidos.
Asimismo, los medios de prensa de Honduras reportan diariamente temas sobre homicidios, asaltos, plagios de personas y otras actividades de la delincuencia.
En menos de un año se conoció el caso de dos directores generales de la Policía Nacional Civil que fueron hallados culpables de ser cabecillas de grupos del hampa.
Representantes de Derechos Humanos indicaron que tras el golpe de Estado de 2009 se incrementó el crimen.
Las maras se extienden por países centroamericanos
Las pandillas juveniles, denominadas “maras”, cuyos miembros se identifican por sus tatuajes en el cuerpo, surgieron en comunidades de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, y se propagaron a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Dos de las “maras” más notorias, cuyo control se extiende a través de las fronteras, son la Mara Salvatrucha (conocida como MS13) y la Banda de la Calle 18. Ambas operan actualmente en el sur de Estados Unidos, México y Centroamérica.
El aumento de los incidentes de violencia relacionados con las “maras” en Centroamérica se debe al creciente número de deportaciones desde Estados Unidos.
Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador contabilizó 1.209 asesinatos entre el 1º de enero y el 11 de abril de 2010 vinculados a las "maras", un promedio de 14 por día.
ANTECEDENTES
La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), que verificó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y la guerrilla en 1996 da cuenta que esos acuerdos pusieron fin a 36 años de guerra interna que dejó unas 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Debido al clima de inseguridad que prevalece en Guatemala, donde a diarios son asesinadas un promedio de 17 personas, el Gobierno ha sacado a los militares a las calles para que apoyen a la Policía en el combate de la delincuencia.
Alrededor de 1.200 soldados y policías realizan en el área metropolitana varios operativos en busca de miembros de organizaciones criminales.
Pena capital en el continente
La pena de muerte fue aplicada por todos los países de América Latina en algún momento histórico, aunque a inicios del Siglo XX está prohibida en la mayoría.
En Bolivia y Perú en algunas comunidades indígenas continúan ejecutando a ladrones, secuestradores y otros criminales, a pesar de que son lugares donde la pena de muerte ya no es legal.
Durante el Siglo XX algunos países celebraron ejecuciones solamente durante los periodos de dictadura. En general se ajustició a los opositores al régimen de turno.
El único país de Latinoamérica que aplica la pena de muerte es Cuba. Las últimas ejecuciones que se hicieron públicas se produjeron en 2003. Tres hombres que secuestraron un barco para llegar a Miami fueron capturados por la policía cubana y posteriormente condenados a la pena capital mediante fusilamiento.
Respecto a Argentina, no se suele considerar a los desaparecidos entre 1976 y 1983 como ejecutados legalmente, puesto que se trataba de ejecuciones realizadas subrepticiamente. El 6 de agosto de 2008 el Congreso abolió el Código de Justicia Militar, que era el último remanente de aplicación posible de la pena de muerte en el país.
En Chile la pena de muerte fue derogada en 2001 por Ley Nº 19.734, que modificó diversas leyes y normativas (entre ellas, el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar) reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo calificado.
En el caso de la Justicia Militar, la pena de muerte se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, terminando con la vida de los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.
En Puerto Rico la pena de muerte no es legal. Se aplicó hasta que en 1952 se aprobó la constitución prohibiendo este castigo capital. En 2006 el gobierno de Estados Unidos quiso imponer la pena capital en la isla. Esto originó una fuerte controversia entre Estados Unidos y las autoridades puertorriqueñas. El gobierno estadounidense prefirió retirar su propuesta. Desde 1864, la prohibición de la pena de muerte ha estado inscrita en todas las constituciones de la República de Venezuela, siendo el país uno de los primeros Estados abolicionistas del mundo.
En otras regiones todavía se contempla la posibilidad de ejecutar a ciertos criminales. Se trata de países como Bahamas, Guayan, Jamaica, Trinidad y Tobago y algunas de las pequeñas Antillas. En las colonias europeas pertenecientes a Francia, el Reino Unido y los Países Bajos la pena de muerte no es legal.
En la actualidad, la única realidad es que Estados Unidos representa, después de la República Popular China, el país que impone a nivel estatal y federal más condenas a muertes del mundo civilizado.
De hecho 38 de los 50 estados mantienen la pena capital en su constitución, siendo Texas el que lidera la posición.
En Estados Unidos de América hay actualmente condenados a muerte más de 70 ciudadanos extranjeros pertenecientes a 22 nacionalidades diferentes.
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