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Ed. Impresa EL JUEZ ESPAÑOL DIJO QUE QUISO EVITAR EL OLVIDO DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Fiscalía pide que se archive la tercera de las causas contra Garzón

Por Efe - Agencia - 9/02/2012


Baltasar Garzón, juez español. -  Ap   Agencia

Baltasar Garzón, juez español. - Ap Agencia

Madrid |

La Fiscalía española pidió al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón por el patrocinio de unos cursos que impartió en Nueva York que archive el procedimiento, al considerar que no cometió el delito de cohecho pasivo impropio que le imputa.

En un escrito remitido ayer al juez instructor, el fiscal le solicita que, si no estima esa pretensión, dicte también el sobreseimiento por haber prescrito el delito. El Ministerio Público indica que con esta petición mantiene la misma posición que ha defendido desde el inicio de la instrucción, que ha sido solicitar el archivo de la causa. El juicio por los supuestos cobros de Garzón de las conferencias de Nueva York es la tercera de las causas abiertas contra él en España por presunta prevaricación. Ya han concluido el primero y el segundo -por ordenar unas escuchas policiales a una red de corrupción y por tratar de investigar los crímenes del franquismo, respectivamente- y ambos han quedado vistos para sentencia.

Justamente, el juicio a Garzón por declararse competente en 2008 para investigar los crímenes del franquismo quedó ayer visto para sentencia en el Tribunal Supremo español, en una sesión en la que el juez dijo que su conciencia estaba "tranquila" y que actuó para evitar el desamparo y el "olvido" de las víctimas. "El tribunal del hombre es su conciencia", dijo Garzón, citando al filósofo alemán Emmanuel Kant, para después añadir que creía "ajustadas a derecho" las decisiones que tomó para investigar los crímenes masivos, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.

Tales pasos se dieron "como única defensa que las instituciones deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", agregó.

Previamente, la acusación popular ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad habían mantenido su petición de 20 años de inhabilitación para el magistrado por un delito de prevaricación, mientras que la Defensa y la Fiscalía solicitaron su absolución.

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