Madrid |

El juez español Baltasar Garzón, que alcanzó fama internacional por mandar detener al exdictador chileno Augusto Pinochet y perseguir a exrepresores argentinos, fue ayer condenado en España e inhabilitado por haber ordenado unas escuchas a los acusados de una gran red de corrupción.

Tras conocerse el fallo, Garzón rechazó “frontalmente” su condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, “elimina toda posibilidad de investigar la corrupción”.

El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de la trama, que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular, y sus abogados.

La sentencia, adoptada por unanimidad de los siete magistrados que le juzgaron, le fue comunicada ayer en persona a Garzón, y supone la "pérdida definitiva" de su condición de juez.

En nota remitida a medios de comunicación, Garzón dice que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad".

Señala, además, que "contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez en concreto, a laminar la independencia de los jueces en España".

Garzón denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de su carrera cumplió siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. "He trabajado contra el terrorismo, narcotráfico, crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policías", dice.

A esto añade que su actuación en el "caso Gürtel" se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción.

El magistrado indica también que lo hizo partiendo de contundentes indicios y para evitar "la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como habían hecho antes, a los abogados".

En el comunicado, denuncia que se le impidió aportar las pruebas que lo demostraban y que el Tribunal Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama "Gürtel".

Garzón anuncia que acudirá a vías legales "para combatir" la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes "para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores" de la misma han cometido.

Según el magistrado, a lo largo del procedimiento se han violentado sus derechos sistemáticamente, sus peticiones de defensa han sido desatendidas y el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra él "para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

Asimismo, califica de aberración que la condena se justifique explicando que el hecho de que en el auto en que él ordenó intervenir las comunicaciones de los imputados en el "caso Gürtel" incluyera una cláusula para hacer prevalecer el derecho de defensa, lo cual revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho.

"La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa", resalta.

Protestan por el fallo

Las asociaciones de exiliados españoles en Francia expresaron su disgusto ante la inhabilitación del juez Baltasar Garzón.

"Es el mundo al revés, el juez condenado y los acusados aplaudiendo", afirmó el presidente de la asociación Memoria de España Republicana (MER), Jean Ortiz.

El presidente de la Asociación por el Recuerdo del Exilio Republicano Español en Francia (Aseref), Eloi Martínez, por su parte, se preguntó que, inhabilitado Garzón, "¿quién va a ocuparse ahora de las víctimas del Franquismo?". En Chile, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, calificó la condena a Garzón como "un juicio político que representa una vergüenza internacional".

Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, "está muy claro que el juez Garzón está siendo víctima de una brutal persecución por la derecha política española".

En Argentina, la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que la inhabilitación de Garzón forma parte de "una estrategia nefasta" contra "una persona honesta y comprometida".

ANTECEDENTES

El magistrado Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988, investigó a los cabecillas de la trama corrupta Gürtel, vinculada al Partido Popular.

Garzón desarticuló esa red en los primeros meses de 2009 tras casi un año de investigación secreta. La sentencia arremete contra el juez con una dureza extraordinaria, tachando a Garzón de “arbitrario” y “totalitario”, y le acusa de “laminar derechos” y ordenar prácticas “propias de sistemas políticos ya superados” al intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos con sus abogados.

Desde el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, militantes del Partido Popular, se expresó el "absoluto respeto" por las decisiones judiciales.