El Gobierno español “preocupado” por críticas a sentencia contra Garzón

Madrid |

El Gobierno español hizo ayer un llamamiento "a la reflexión y la responsabilidad", especialmente de la clase política, ante la virulencia de las críticas que está recibiendo el Tribunal Supremo por la sentencia que condenó el jueves al juez Baltasar Garzón y acabó con su carrera.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró su "preocupación" por la imagen que estas críticas dan de la democracia española.

"Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras", dijo Sáenz de Santamaría.

"Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España", agregó la "número dos" del Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.

Desde que Garzón fue condenado el jueves por prevaricación e inhabilitado por haber ordenado escuchas a los cabecillas de una gran red de corrupción relacionada con exaltos cargos del Partido Popular y sus abogados, las reacciones de la sentencia no han cesado.

Si desde el Gobierno se ha "acatado" la sentencia, y desde sectores más derechistas no se ha ocultado la satisfacción por el fin de la carrera del juez español más conocido en España y en el exterior, desde la izquierda no cesan las críticas por lo que se considera una persecución política de un magistrado que se volvió incómodo para muchos.

Desde el ámbito jurídico, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) consideró "desproporcionada" la condena y advirtió de las "nefastas consecuencias" que la sentencia tendrá para la persecución de la corrupción.

Otra asociación judicial de tinte progresista como Jueces para la Democracia, sin embargo, estimó que la resolución del Supremo es "razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico". En contra de los ataques a los siete jueces que condenaron a Garzón hablaron ayer dos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que los calificó de "intolerables", y Margarita Robles, que anunció que el Consejo será "muy contundente" en la defensa de los magistrados frente a las "críticas".

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