Buscan forzar elecciones extraordinarias en México

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La izquierda mexicana anunció ayer su intención de anular o invalidar las últimas elecciones para que sean convocados nuevos comicios extraordinarios, al considerar que "se compraron alrededor de 5 millones de votos".

El líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en una rueda de prensa que, cuando menos, las opciones que se están buscando son las de "invalidez o nulidad" de los comicios, que ganó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El anuncio fue hecho un día después de que las autoridades electorales confirmaran los datos oficiales del escrutinio, en el que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo el 38,41 por ciento de los votos, y su partido se convirtió en la primera fuerza política en el Parlamento, aunque sin mayoría.

Estos resultados quedan pendientes de las impugnaciones que puedan presentar los partidos políticos, que tienen de plazo hasta el jueves para hacer llegar sus recursos ante los tribunales electorales.

Aunque en el escrutinio oficial se llegaron a recontar más de la mitad de los votos de la elección presidencial, López Obrador dijo que esa medida "no fue suficiente".

"Vamos a presentar las pruebas el jueves, y a definir el tipo de juicio que se va a interponer, de invalidez o de nulidad", afirmó López Obrador.

"De lo que no tenemos duda es de que se compraron alrededor de 5 millones de votos", agregó el líder de la izquierda al reiterar denuncias de que la compra de votos favoreció a Peña Nieto, quien sacó 3,4 millones de votos de ventaja sobre López Obrador.

Según explicó a Efe el abogado Jaime Cárdenas, del equipo legal de López Obrador, la invalidez o la nulidad de los comicios no son medidas excluyentes, y se pueden pedir las dos vías ante las autoridades electorales.

La invalidez, añadió Cárdenas, está sustentada jurídicamente en el Artículo 41 de la Constitución mexicana, que establece la certeza, la legalidad y la equidad del proceso electoral.

Ese artículo de la carta magna fija, entre otras cosas, que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, y determina los mecanismos equitativos para la financiación pública y privada de las campañas electorales.

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