Ed. Impresa ESPECIAL | Varios cabildos y organizaciones han mostrado su intención de sacar a los grupos armados legales e ilegales del Cauca, argumentado constantes hostigamientos en los que la población civil e indígena ha quedado en medio del fuego cruzado

Indígenas colombianos: Lleven su guerra a otro lado

Por Alfredo Jiménez Pereyra - Los Tiempos - 23/07/2012

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Indígenas colombianos empujan a un militar para que abandone la localidad de Toribío, el lunes pasado. - Ap Agencia

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El Gobierno advierte que no cederá ni un metro

Los indígenas colombianos, que sistemáticamente denunciaron que su territorio es objeto de ataques por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmaron que el "Consejo de Seguridad", formado por parte del Gobierno, solamente les está trayendo más inseguridad.

El pasado 12 de julio, unos 100 indígenas desalojaron a las tropas del Ejército colombiano que protegían un cerro con antenas de telecomunicaciones civiles en Toribío, localidad del convulso departamento del Cauca.

Según el diario El Tiempo de Bogotá, los integrantes de la llamada Guardia Indígena desmontaron las garitas y cubrieron las trincheras de los militares que tenían su base en el cerro Berlín, situado a una hora de camino del casco urbano de Toribío, y se hicieron con el control del lugar.

El martes 17 la situación volvió a repetirse cuando los indígenas desalojaron por la fuerza a otro contingente militar.

Veinticuatro horas después, el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció el asesinato de un integrante de su comunidad a manos del Ejército colombiano.

A raíz de la muerte del indígena, supuestamente por un error militar, el general Miguel Pérez, comandante de la Tercera División del Ejército, fue relevado de su cargo. Según fuentes castrenses, el incidente se produjo en Caldoso cuando los militares realizaban operaciones en esa localidad rural.

Viejo reclamo

La demanda no es nueva: el pueblo Nasa viene exigiendo la salida de todos los actores armados de su territorio hace más de una década.

Según la versión digital de BBC Mundo, el reclamo empezó a adquirir mayor fuerza hace casi exactamente un año, luego de que el Gobierno colombiano decidiera responder a un anterior ataque contra la estación de policía de Toribío aumentando significativamente su presencia militar en la zona.

El poblado ya había sido blanco de las FARC en numerosas ocasiones: más de 600, según estimaciones del anterior alcalde, Carlos Banguera.

Pero el ataque de julio del año pasado fue presentado por algunos como evidencia del supuesto resurgimiento de las FARC durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Desde entonces a la fecha, sin embargo, la percepción de deterioro en materia de seguridad se ha confirmado como el punto débil del Mandatario, quien la semana pasada pudo ver cómo el expresidente Álvaro Uribe oficializaba la creación de un movimiento político de oposición que tiene como principal bandera una posición mucho más agresiva en el manejo del conflicto.

Según el reporte de la corporación Nuevo Arcoíris, si se toma en cuenta todo el país, el aumento de actividades guerrilleras registrado durante el primer semestre del año es de apenas un 10 por ciento con relación al mismo período del año pasado.

Esa es una tendencia observada también en los dos años anteriores, cuando el expresidente Álvaro Uribe aún estaba en el poder.

Sin embargo, para el exasesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, la renovada agresividad de las FARC es una de las consecuencias de haber abandonado la política anterior de confrontación permanente por una que contempla la posibilidad de diálogo.

"Cualquier operación de la fuerza pública es examinada como si fuera un crimen, y eso ha bajado muchísimo la moral de las Fuerzas Armadas", aseguró Gaviria a BBC Mundo.

Por lo pronto, y aunque el aparente aumento de la violencia guerrillera es objeto de debate entre los políticos y los medios, ésta no parece haber afectado mayormente a la mayoría de los colombianos, especialmente a los habitantes de las grandes ciudades.

Un informe de Nuevo Arcoíris indica que los ataques de las FARC contra los indígenas han ido creciendo sistemáticamente: en 1997 fueron 882; en 1998 llegaron a 1.115; un año más tarde, a 1.116.A inicios del nuevo milenio se registraron 1.087 ataques; en 2001 fueron 885; para 2002 se registró la cifra de 2.063 ataques.

En 2003, 982; para el año 2004, 949. Posteriormente los ataques fueron incrementándose, pues en 2005 se contabilizaron 1.008, para 2006 fueron 1.026. Para 2007, 1.057; en 2008, 1.353; un año más tarde, 1.614; en 2010 aumentaron a 1.947 y en el año 2011 se registró la cifra récord de 2.200 ataques.

Con datos Internet y Agencias

Neutralidad disputada

Las amenazas por parte de todos los actores armados han sido, a lo largo de la historia del conflicto, un problema enfrentado por prácticamente todos los pueblos indígenas colombianos.

Éstos siempre se han asumido como neutrales, pero eso no los ha protegido del Ejército, la guerrilla ni los grupos paramilitares.

Antes bien, el precio de esa neutralidad lo han terminado pagando con su estigmatización, además de desplazamientos, secuestros y asesinatos.

"Desde que tenemos conocimiento del conflicto armado hemos manifestado que estamos ajenos al conflicto, pero que somos víctimas sistemáticas del mismo, pues éste se manifiesta en nuestros territorios", dijo a la revista Semana Javier Sánchez, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

"Pero por reclamar autonomía, el gobierno propio de nuestros territorios y la libre determinación tanto a las FARC como la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares, Bacrim (bandas criminales) y demás, han perseguido y asesinado a los dirigentes indígenas. El Gobierno, a través de las fuerzas militares y la Policía, ha manifestado y reiterado que la fuerza pública no tiene territorio vedado", sostuvo Sánchez.

De hecho, durante su mandato, el anterior presidente Álvaro Uribe dijo explícitamente no aceptar "la aparente neutralidad entre los terroristas y la fuerza pública" y acusó a los indígenas de intentar sabotear con su actitud su política de "seguridad democrática". Sánchez, quien pertenece al pueblo Sikuani, asentado en la Orinoquía colombiana, y es secretario técnico de la mesa nacional de concertación de la ONIC, no cree que las cosas vayan a cambiar mucho bajo el Gobierno del presidente Santos.

"En este Gobierno el tema del aumento del pie de fuerza en esa región del Cauca se ha dado creo yo más de cinco veces. Ellos creen que ha aumentando el pie de fuerza de combate, lo que ellos llaman 'terrorismo', pero lo único que hace es recrudecer el conflicto", insistió.

PETICIONES INDÍGENAS

En un documento de 13 páginas quedaron condensados los reclamos y las solicitudes que le hace la comunidad indígena al Gobierno. En el texto está plasmado que los habitantes de Toribío están "cansados de la guerra" que a lo largo de dos décadas le ha costado la vida a 213 personas.

Igualmente queda de manifiesto las terribles secuelas que esta situación le ha provocado a la población civil y de cómo se ha desencadenado una impunidad generalizada.

Uno de los puntos más importantes que reclaman los indígenas es que haya una intervención territorial y que sean ellos mismos los que a partir de ahora pasen a ejercer el control del municipio.

La revista Semana pudo conocer que los indígenas no van a dejar pasar la oportunidad de conversar con el presidente Santos y que uno de los actos de presión para que esto suceda es la posibilidad de subir a los cerros de El Tierrero y Miranda, donde se encuentran dos puestos de la Fuerza Pública, situación que aumentaría la tensión en la zona.

Voceros indígenas han asegurado que, a pesar de que las FARC o el Gobierno sigan en la zona, ellos persistirán en sus reclamos pacíficos porque se declaran como una de las mayores víctimas del conflicto armado.