Ed. Impresa ESPECIAL | Las actuales y posteriores administraciones gubernamentales deberán tomar en cuenta el uso y costumbres de los pueblos indígenas sobre su hábitat antes de implementar obras, vías de comunicación o exploraciones petroleras en sus vastos territor
Aumentan los fallos a favor de las demandas indígenas
Por Alfredo Jiménez Pereyra - Los Tiempos - 13/08/2012
Policías impiden el paso de indígenas durante una protesta en Quito, el pasado 22 de mayo. - Efe Agencia
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En los últimos dos años la relación entre las comunidades indígenas y los gobiernos de varios países de la región no ha sido de las mejores porque las administraciones estatales han avasallado sus hábitats con la finalidad de implementar obras de alto impacto.
Tras constantes y fuertes enfrentamientos entre habitantes de las comunidades con las fuerzas del orden, los indígenas han llevado sus reclamos ante organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos.
En opinión del politólogo Roberto Covarrubias Núñez este hecho demuestra que las demandas indígenas han demostrado tener fuerza y que la justicia les ha dado la razón.
Covarrubias Núñez manifiesta que en adelante los gobiernos tendrán que contar con el beneplácito de los indígenas para implementar cualquier proyecto dentro de sus territorios.
Es así que a fines de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un histórico fallo a favor del pueblo indígena ecuatoriano Sarayaku. El fallo se dio después de 10 años de litigio legal, luego de que el Gobierno ecuatoriano permitiera la explotación petrolera de sus tierras, sin pedir su consentimiento.
El organismo internacional impuso siete obligaciones al Estado ecuatoriano: neutralizar, desactivar o retirar la pentolita (explosivos) en superficie y enterrada en el territorio del pueblo Sarayaku, con base en un proceso de consulta con el pueblo. Además, si se pretende realizar alguna actividad extractivista en la zona, se deberá consultar a las comunidades de Sarayaku, según la agencia Andes.
El Estado ecuatoriano anunció que cumplirá el fallo de la Corte con el pago de 1,4 millones de dólares a los indígenas afectados por la actividad petrolífera.
Brasil
Las violentas disputas sobre territorios indígenas han ido en aumento en Brasil en los últimos años, generando una mayor militancia de parte de tribus preocupadas por un descenso en los registros de tierras que realiza el Gobierno en esas zonas.
Un reciente informe del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), citado por el diario “Folha de Sao Paulo”, indica que el número de conflictos en varios estados pasó de 82 en 2006 a 99 el año pasado. La tensión es particularmente elevada en la norteña zona de la Amazonia, donde el gobierno federal construye la enorme represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú.
Por otra parte, un juez federal ordenó a la minera brasileña Vale que suspenda la expansión de una línea de ferrocarril en el norte de Brasil, alegando que pondría en peligro la vida de un pueblo indígena que vive en la región.
El pasado mes, el juez Ricardo Macieira dijo en su fallo en el portal de la corte en internet, que la prevista ampliación de la ruta del ferrocarril Carajas, para que ahora sea de doble línea, "podría resultar en daños graves a las áreas protegidas y a los estilos de vida tradicionales de la tribu Awa Guaja".
La organización defensora de los derechos indígenas Survival International, con sede en Gran Bretaña, ha designado a la Guaja Awa como "la tribu más amenazada del mundo". El ferrocarril de Carajas, de casi 900 kilómetros, enlaza las minas de mineral de hierro de Vale en el estado de Pará con la terminal portuaria de Ponta da Madeira, en el estado de Maranhao.
Macieira dijo que se impondrá a Vale S.A. una multa de 25.000 dólares por cada día que no acate el fallo. Vale S.A., la compañía minera más grande del mundo, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que acatará la decisión aunque tiene previsto presentar apelación contra el fallo.
Mapuches
El opositor Partido Por la Democracia (PPD) de Chile solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la designación de un observador en la región de Araucanía (sur), ante la violencia generada por la demanda de devolución de tierras por parte de indígenas mapuche.
En los últimos meses se han producido hechos violentos en esa región, donde la etnia mapuche es mayoría de la población.
La población mapuche supera los 600.000 habitantes.
Con datos internet y Agencias
Realizan polémica consulta a los indígenas bolivianos
El Gobierno de Bolivia dejó en manos de tres pueblos indígenas la decisión final sobre si construir o no una carretera en la selva amazónica, cuyos detractores consideran un atentado contra el equilibrio ecológico del país.
La decisión indígena surgirá de una consulta entre los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que autorice o acepte la construcción de una carretera que una las poblaciones de Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El proyecto vial, que tenía financiamiento brasileño y ahora está cancelado, ha enfrentado al presidente Evo Morales con los indígenas amazónicos, minoritarios pero con gran resonancia en los medios privados locales y respaldo indisimulado de la oposición conservadora y grupos ambientalistas.
La consulta, organizada por el Gobierno en busca de aprobación para el proyecto carretero, se prolongará hasta la primera quincena de septiembre y abarcará a las 69 comunidades en que están repartidos los pueblos chimán, yuracaré y mojeño-trinitario del parque Tipnis.
El jueves pasado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y la Defensoría del Pueblo exhortaron al Gobierno en retomar el camino del diálogo con las comunidades indígenas del Tipnis que se oponen al proceso de consulta y la construcción de la carretera.
La carretera de 306 kilómetros, con un costo proyectado de 420 millones de dólares, atravesaría la selva central del país para unir Cochabamba, donde están los sindicatos de cocaleros que lidera el presidente Morales, con las llanuras ganaderas de Beni.
En el medio de esa selva está el Tipnis, reserva natural de 1.200.000 kilómetros cuadrados donde viven entre 12.000 y 15.000 indígenas, según cálculos oficiales.
CAJAMARCA EN EMERGENCIA
La región norandina peruana de Cajamarca anunció un paro general de 48 horas para los próximos días 21 y 22 de agosto, desafiando así el estado de emergencia prorrogado en tres provincias de ese territorio.
La huelga rechazará el proyecto minero aurífero Conga, motivo del conflicto, por el temor de la población que deprede las fuentes de agua, lo que niega el Gobierno y la empresa, de capital mayoritario norteamericano.
Durante el paro habrá manifestaciones pacíficas, pese a que bajo el estado de emergencia están prohibidas las reuniones y la policía puede realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
El estado de emergencia fue decretado originalmente el pasado 3 de julio ante fuertes protestas contra el proyecto Conga que dejaron un saldo de cinco muertos y el Gobierno pidió que intervengan los facilitadores.
Tras los graves sucesos, el hasta entonces primer ministro Óscar Valdés, considerado autoritario, fue reemplazado por el jurista Juan Jiménez, quien promovió la mediación y al asumir el cargo dijo que encabeza un gabinete ministerial de diálogo y planteó que no debe haber "ni un muerto más".
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