Caso Nelly : en 10 días Prefecto debe explicar a Contraloría

El prefecto de Cochabamba, Jorge Ledezma, tiene 10 días para explicarle a la Contraloría por qué contrató a Nelly Pinto en el cargo de jefa de gabinete, vulnerando toda la normativa legal vigente. En el gobierno departamental aseguran que la designación es legal, pero esto será definido por el Contralor General.

Tras conocerse que tres ex prefectos de Cochabamba (Alfonso Camacho, Gustavo Vargas y Ramón Daza) tienen indicios de responsabilidad civil por la contratación irregular de profesionales dentro de la institución, sin cumplir los requisitos establecidos en el reglamento específico del Sistema de Administración de Personal, el diputado Edwin Jiménez (Podemos) pidió a la Contraloría una auditoría a la contratación de la actual jefa de gabinete, Nelly Pinto, quien entró a la institución sin cumplir con los requisitos establecidos en el manual de descripción de cargos de la entidad.

El gerente departamental de la Contraloría del Estado, David Barriga, informó que “le remití una nota al Prefecto solicitando que nos envíe información sobre el proceso de contratación de esta funcionaria”, dijo y explicó que el plazo para la presentación de esta información concluirá dentro de 10 días.El asesor general de la Prefectura, Rolando Ramos, señaló que el nombramiento de Pinto, es absolutamente legal porque está enmarcado en el decreto supremo 25749, que reglamenta al Estatuto del Funcionario Público, y que en su artículo 12 establece que los “jefes de gabinete son funcionarios de libre nombramiento, por lo tanto no sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa regulados por el estatuto ”.

A pesar de esta explicación, el contralor sostuvo que para determinar si la contratación de Pinto vulneró las normas, se deben esperar los resultados de la auditoría que se efectúan sobre la contratación de personal por los ex prefectos Daza, Vargas y Camacho, quienes presentaron sus descargos por los indicios de responsabilidad civil determinados en una auditoría preliminar efectuada el año 2006.

El contralor general, Gabriel Herbas, está analizando estos descargos y emitirá un informe final en los próximos días. “De confirmarse, de ratificarse el informe preliminar y emitirse un dictamen podríamos decir que habríamos sentado una jurisprudencia, por tanto sin llegar a hacer una auditoría  podría entenderse que el Prefecto habría incurrido en vulneraciones a la normativa”, dijo Barriga.

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