Ratifican reclusión de Jorge Arteaga

Por Katiuska Vásquez - Los Tiempos - 30/10/2009

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El coronel Jorge Arteaga, ayer. - Daniel James Los Tiempos

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Tras una audiencia de impugnación en la que los vocales de la Sala Penal Primera aprovecharon para mostrar a los jueces como víctimas de la presión social, de las movilizaciones y de los medios de comunicación, el militar en retiro Jorge Arteaga Maldonado (56), acusado de haber dado muerte el pasado 1 de octubre a Jorge Guzmán Carvalho (28), el asesino confeso de su hijo Álex Arteaga, volvió a ser recluido ayer en la cárcel de San Sebastián.

Los juzgadores de la Sala I de la Corte Superior de Justicia admitieron parcialmente su apelación sobre la detención preventiva que le impuso el 3 de octubre la jueza Sexta de Instrucción Cautelar, Celina Herbas.

Los vocales coincidieron, tras presentarse todos los alegatos, que en el caso de Arteaga “no concurre ningún riesgo de fuga, pero sí peligro de obstaculización”, enfatizando los numerales 2 y 3 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal.

En la audiencia, la defensa presentó los documentos que probaban que Arteaga tenía casa propia, familia y trabajo, por lo que no existía riesgo de fuga, sin embargo, la acusación puso de relieve la conducta del imputado, de quien recordaron sus amenazas contra fiscales y jueces. El abogado acusador, Alberto Morales, alegó que el imputado “tuvo un comportamiento amenazante en anteriores procesos en las que fueron víctimas de su violencia verbal la fiscal Lilian Ferrufino y la jueza Sonia Coca”. “El imputado cree que la justicia está hecha a su medida y quienes no ceden son sujetos de amenaza”, remató.

Movilizaciones
Uno de los vocales, Juan de la Cruz Vargas, dijo repetidamente que “la gente y la prensa le hacían un flaco favor al imputado” y añadió que “lo que el Poder Judicial necesita en este momento crítico es que se acepten sus fallos. No se puede doblegar al órgano judicial con la presión”.

La acusación también bombardeó con una lista de las movilizaciones que tras el crimen surgieron espontáneamente contra la abogada que defendió a Jorge Guzmán, Rocío Peñaranda, y los operadores de justicia, además de tres denuncias por amenazas contra Arteaga desde enero de 2009, hechas por Peñaranda y Guzmán.

El abogado defensor de Arteaga, Luis Butikofer, demandó de los juzgadores una “evaluación integral”, ya que estas movilizaciones eran espontáneas, y que todo se debía precisamente a la desesperación por la sumatoria de injusticias. Si bien todas las denuncias fueron desvirtuadas por Butikoffer, estos elementos no fueron considerados por los vocales que vieron algún indicio de obstaculización.

4 horas para un error

Los vocales Marlene Pino y Juan de la Cruz Vargas se tomaron ayer cuatro horas para dilucidar la resolución defectuosa que dictó Herbas y para resolver dos impugnaciones: una interpuesta por la acusación particular alegando peligro de obstaculización y otra por la defensa de Arteaga, que solicitaba la aplicación de otra medida cautelar, como el arresto domiciliario en lugar de la detención.

El abogado acusador, Alberto Morales, alegó que el imputado tuvo un comportamiento amenazante en anteriores procesos en las que fueron víctimas de su violencia verbal la fiscal Lilian Ferrufino y la jueza Sonia Coca. La defensora de Arteaga, Pamela Antezana, alegó que se faltaba a la verdad al omitir que la “fiscal retiró la acusación, porque comprendió que el imputado actuó por su angustia de padre”.

Pinto resolvió la controversia explicando que los alegatos de Morales eran válidos para una audiencia de cesación de la detención, pero que en este caso se estaba tratando “la aplicación de una medida cautelar” y no libertad del sindicado.