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Ed. Impresa La mayoría se quedó sin padres; otros los tienen pero sus familias están desintegradas. En Cochabamba hay 60 hogares

Más de 3 mil niños viven en hogares del Sedeges

Por Vásquez Katiuska - Los Tiempos - 11/01/2010


El hogar de acogida Valle Sinaí. - Foto | Los Tiempos Los Tiempos

El hogar de acogida Valle Sinaí. - Foto | Los Tiempos Los Tiempos

Los hogares de acogida están hacinados de niños abandonados. Un diagnóstico del Servicio Departamental de Gestión (Sedeges) de la Prefectura sobre los albergues revela que  cinco de cada mil niños de Cochabamba viven en los orfanatos debido a los altos índices de abandono directo e indirecto y como consecuencia de la violencia familiar que va acompañada de pobreza.

Hay 3.190 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en 60 hogares que colocan al departamento como la segunda región con más niños viviendo en albergues, después de Santa Cruz, donde se estima que la población infanto-adolescente llega a 7 mil.

Los más de 3 mil niños que están en los centros representan el 0,45 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que hay en Cochabamba. Pues de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 709.894 en el departamento. Y según el Fondo de Naciones Unidades para la Infancia (Unicef), se estima que el 84 por ciento de los niños menores de 5 años viven en situación de pobreza en el país. 

Los últimos datos del ex Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad señalan que alrededor de 18.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en hogares del Estado y de administración delegada, lo cual implica que muchos pierdan el vínculo con sus familias de origen.

Flora tiene siete hijos y hace dos años internó a tres de ellos en un hogar, recientemente clausurado por el Sedeges luego de que se denunciaran 18 casos de violación y se detectaran indicios de trata y tráfico por guarda ilegal.

Ella contó que se vio obligada a enviar a sus hijos al centro porque con sus ingresos de vendedora ambulante le es difícil cubrir la manutención de sus siete hijos.

Actualmente vive en un cuarto con sus cuatro hijos y su esposo; durante el día el cuarto les sirve de cocina y por la noche duermen en el suelo.

Otra razón para que los niños vayan a un hogar fue la migración de principios de 2000 a España.

Al no tener un pariente o confiar más en un hogar, los padres migrantes dejaron a sus hijos en un internado, muchas veces sin cumplir las exigencias jurídicas, que reduzcan los riesgos para el niño.

Ese fue el caso del hogar Inmaculada Concepción, que se cerró luego de que se detectó que al menos 12 niñas y adolescentes fueron violadas por otros internos y el administrador.

Las denuncias de violaciones masivas en los hogares investigados fueron una alerta para que el Sedeges levante el diagnóstico y elabore un nuevo reglamento para el funcionamiento de los hogares, debido a que también se evidenció que muchos de los centros carecen de personal capacitado y tienen una administración deficiente.

Según fuentes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es necesario buscar opciones a la institucionalización de los niños como las denominadas familias sustitutas, incentivar la adopción y promover el reencuentro familiar.

El pedido fue hecho luego de que comenzaron las denuncias de abuso sexual en los hogares de Quillacollo y Tiquipaya. Se estima que en el 2009 fueron abusados casi cien niños dentro de los centros de acogida. En unos casos por los administradores y en otros por los demás internos.

Nuevas  normas

Funcionamiento
A partir del 20 de febrero los centros deberán cumplir las 17 reglas.

Espacio
Deberán contar con infraestructura y mobiliario  adecuados.

 

SEDEGES Y AJUSTES PARA HOGARES

Otro resultado del diagnóstico fue que el 28 por ciento de los niños y adolescentes institucionalizados no cuentan con un registro de acogida, que testimonie su historia y cómo llegó al centro.


El Sedeges reconoce el importante aporte de los 60 hogares para niños en situación se riesgo, pero considera imprescindible realizar ajustes en la administración y la misión que cumplen.


A partir de febrero los centros deberán adaptarse a las nuevas reglas que plantean al menos 17 requisitos para el funcionamiento.


Entre las principales exigencias está el elaborar un proyecto educativo quinquenal, contar con una personería jurídica y tener un registro minucioso de todo el personal. Otra prueba será la evaluación biopsicosocial de los directores de los centros a cargo del Colegio de Psicólogos y la Universidad Mayor de San Simón a través de sus unidades especializadas.


Además, deberán contar con las condiciones de infraestructura y mobiliario.



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