Queda en nada única opción de botadero

Las negociaciones para ubicar el relleno sanitario de Cercado en predios de la comunidad de Arrumani, al sur de la ciudad, quedaron en cero ayer, luego de que los dirigentes de ese sindicato agrario manifestaran que para comenzar el trámite de expropiación obligada, el municipio debía cumplir con la notificación de la ordenanza de expropiación, según sus usos y costumbres, procedimiento formal que hasta la fecha no se cumplió.

“Oficialmente nosotros no conocemos nada sobre la expropiación. Al enterarnos tuvimos que mandar tres notas pidiendo que se nos entregue una copia y ahora conocemos el contenido; pero no se nos ha notificado legalmente, mientras eso no suceda, no hay ningún trámite, no se comenzó ningún proceso de expropiación y todo queda como al principio”, dijo el secretario de Actas de la comunidad de Arrumani, Cristian Mamani, al término de una reunión sostenida ayer con representantes ediles. La reunión, en la que se encontraban presentes la titular de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), Martha Musch, el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Ernesto Soto, técnicos y abogados municipales, fue convocada para presentar a los comunarios los proyectos a diseño final del camino que debe abrirse para llevar la basura hasta Arrumani y de la celda de emergencia en la que se prevé depositar la basura mientras se construya la planta de industrialización de desechos sólidos, comprometida por el municipio.

La postura de los comunarios deja a la Alcaldía en una encrucijada puesto que tiene menos de cuatro meses para que se cumpla el plazo otorgado por las juntas vecinales, asentadas en la franja de seguridad del botadero de K’ara K’ara, para dejar de verter la basura en la zona.

Tres horas de reunión
Los abogados presentes en la reunión, que se llevó a cabo por casi tres horas, restaron importancia al pedido de apego a los procedimientos legales solicitado por Mamani.

Soto, consultado sobre las razones por las que se habrían omitido los procedimientos legales, señaló que el Ejecutivo encargó funciones específicas a determinados funcionarios, por lo que deberá ser la alcaldesa, Tatiana Rojas, quien establezca las responsabilidades.

Usos y costumbres
Ante lo expresado por Mamani y otros dirigentes de la zona, uno de los abogados del municipio señaló que la resolución que ordena la expropiación cumplió con todos los requisitos formales, incluida la publicación en la gaceta oficial que determina su puesta en vigencia.

Al respecto, la asesora legal de los comunarios, Martha Sánchez, señaló que ese requisito no es suficiente ya que la notificación debe hacerse siguiendo los usos y costumbres de los comunarios, como establece la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

El capítulo cuarto de la nueva CPE, en su artículo 30, sección II, señala entre los derechos de indígenas, originarios y campesinos, “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

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