La Alcaldía de Cercado anunció que si los comunarios de Arrumani no acceden a una negociación voluntaria para la venta de 135 hectáreas de sus terrenos, para instalar el relleno sanitario de la ciudad, se aplicará la ley de expropiación por utilidad pública, dijo ayer Samuel Soria, oficial mayor de Desarrollo Económico del Municipio.

Las declaraciones de Soria surgen luego de que los comunarios dejaron en punto muerto las negociaciones debido a que no se cumplió con la notificación formal de expropiación. Además, su asesora legal, Martha Sánchez, señaló que la notificación debía realizarse mediante los usos y costumbres de la comunidad.

El responsable legal del proceso de expropiación, Víctor Hugo Chávez, señaló que la notificación es sólo una formalización del proceso y que, para regularizar esa omisión, se ha previsto para hoy la publicación de un edicto conforme a la ley de procedimiento administrativo.

Soria, molesto por la postura de los comunarios, señaló que la Alcaldía tiene firmado un convenio con las juntas vecinales para el cierre del botadero de K’ara K’ara y la expropiación de terrenos de Arrumani.

“Hay una comisión de control social con 10 representantes, ellos (los comunarios) son sólo un sector, vamos a basar nuestro trabajo en ese convenio y si no, vamos a recurrir a la expropiación forzosa”, dijo. “Como sindicato, no nos hemos comprometido a ningún plazo, no hemos pedido traslado del botadero, no tenemos notificación formal de la expropiación.

En la comisión de control social sólo participan representantes de las juntas vecinales, de los asentamientos en la franja de seguridad del botadero. Los tratos siempre los hicieron con ellos, no con los comunarios”, respondió el secretario de Actas de Arrumani, Cristian Mamani.

Mamani también señaló que fue la misma Alcaldía la que fomentó la creación de paralelismos dirigenciales y organizaciones clandestinas.

“Estas juntas se hicieron pagar 70 centavos de dólar con dinero del Estado (por tonelada de basura ingresada), sin tener derecho propietario y se depositó dinero a cuentas privadas de dirigentes de Pampa San Miguel y Palta Orqo”, dijo.

“Yo me hice cargo del proceso después de que el Ejecutivo y EMSA (Empresa Municipal de Servicios de Aseo) iniciaron negociaciones a través del acta que se firmó el 6 de enero y supuse que estaban notificados; pero esto no es óbice (traba) para seguir”, dijo Vargas.

Consultado sobre si es obligatorio notificar a los dirigentes en sus domicilios, Vargas señaló que la ordenanza municipal de expropiación no hace mención a nombres y que al tratarse de propiedad una privada y comunitaria, la notificación es genérica.

Rechazo

El acuerdo en duda

“No estoy de acuerdo con saltar pasos legales porque no estoy seguro de que, en cuatro meses, se pueda implementar una planta de industrialización de basura de las características que señalaron al principio”, dijo el dirigente Cristian Mamani al momento de explicar su postura y el rechazo de la comunidad a la construcción de una celda de emergencia en Arrumani.

La respuesta la dio Mamani durante una reunión sostenida con técnicos ediles, el lunes pasado.

Dicha celda debe estar concluida antes del 30 de junio próximo, fecha en que el Ejecutivo se comprometió a dejar de echar la basura en K’ara K’ara. Mamani, junto a otros dirigentes, expresó su negativa a permitir que se inicien obras de la celda y la apertura del camino, en tanto no se presente el proyecto a diseño final de la planta y se garanticen los recursos para su construcción.