Galería Natclau está en riesgo de ser demolida

La galería Natclau corre el riesgo de ser demolida si la Corte Suprema de Justicia se pronuncia a favor de la continuidad del proceso seguido por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra el empresario Jaime Veizaga, por el derecho propietario de los predios ubicados en la avenida Ayacucho, dijo ayer el representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Gonzalo Daza.

Daza señaló que el proceso para determinar el derecho propietario prohíbe a Veizaga hacer construcciones en el lugar, prohibición que se habría infringido mientras se esperaban las apelaciones y que se activaría automáticamente, una vez que se reanude el proceso. También expresó su preocupación por el conflicto que una orden de demolición podría generar, ya que se conoce que al menos 700 comerciantes habrían dado unos 400 dólares cada uno, como anticipo para la compra de locales comerciales.

Por su parte, Veizaga dijo que su derecho propietario no está en discusión y que la prohibición de construir no existe, tal como figura en un acta de inspección, realizada por Derechos Reales, a fines de febrero pasado.

El proceso entre ENFE y Veizaga, por el derecho propietario de 31.600 metros cuadrados, de un área cercana a la terminal de buses, data de 1997, según el abogado de ENFE, Luis Sierra, y fue instruido por la Contraloría al considerar que Veizaga compró terrenos fiscales de manera irregular.

Daza explicó que en vista de que los abogados de ENFE no realizaron ninguna acción dentro de dicho proceso, durante más de seis meses, el juez aceptó el pedido de Veizaga de archivarlo; pero la orden fue apelada y aceptada en la Corte de Distrito.

Entonces, en agosto de 2009, Veizaga recurrió a la Corte Suprema para hacer otra apelación, cuya respuesta aún se aguarda; sin embargo, se conoce que el fiscal general, Mario Uribe, recomendó (en noviembre pasado) que se declare infundado el pedido presentado por Veizaga.

Según Daza, en julio de 1996, el ex dirigente ferroviario y entonces dirigente de la Central Obrera Departamental, Edwin Carvallo, compró en 632 mil dólares los predios en disputa. El monto habría sido dispuesto para el pago de impuestos atrasados al municipio, pago del que no existiría constancia.

Siete días después, tiempo récord para una transacción de ese tipo, Carvallo transfirió la propiedad a Veizaga. Lo que significó que éste fuera incluido junto a Carvallo en un juicio del que salió absuelto; pero no fue declarado propietario, dijo Daza.

Veizaga señaló que la prohibición de construcción no existe, lo que quedó establecido en la inspección realizada por Derechos Reales. “En el acta consta que el propietario soy yo, desde hace 14 años y que no existe ninguna prohibición de innovar (construir o hacer modificaciones en el terreno en litigio)”, dijo. También señaló que dicha prohibición fue anulada en 2001 porque ENFE no presentó documentos.

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