Acusan formalmente a ex empleados de Semapa

La acusación formal por delitos de corrupción y daño económico al Estado por más de 3 millones de bolivianos, contra el ex gerente general del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Eduardo Rojas Gastelú y otros cinco funcionarios de alto rango, fue presentada el pasado 13 de marzo ante el Ministerio Público, por los fiscales anticorrupción Mauricio Julio e Ingrid Mercado, informó ayer el representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Gonzalo Daza.

Contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, peculado, malversación, incumplimiento de deberes y falsedad material, son los delitos por los que se acusa a Gastelú junto al ex asesor legal, Nelson Tapia Claros; el ex gerente, Mario Albino Soto; el ex gerente de Planificación, Edgar García Rocha; el responsable de la oficina Semapa sur, Óscar Galvez Padilla y el ex gerente de Planificación y Administrativo, Juan Carlos Avilés Vargas, quienes ocuparon cargos  en la empresa durante las gestiones 2006 y 2007.

La denuncia formal fue presentada por el entonces Viceministerio de Transparencia, en junio de 2008.

Daza señaló que, entre las próximas acciones, se espera que el Tribunal de Sentencia de turno, pueda citar a los imputados y señalar audiencia de medidas cautelares, además de la fecha del juicio oral.

Respecto a la sentencia, manifestó que, por los elementos presentados, se espera que sea condenatoria y se buscará una pena de ocho años, que el tiempo establecido en estos casos.

Entre los procesos irregulares cometidos destaca el contrato con la empresa Construmat Ltda. para la construcción de las obras civiles Aducción Sinergia Barrilete y Embalse de compensación Taquiña, por un monto de 637.417.28 dólares. Cantidad a la que se sumaron más de 192 mil dólares, por un contrato adicional y a pesar de que la obra se extendió de 180 días a 18 meses, sin justificación.  Similares irregularidades se hallaron en el contrato suscrito con la empresa Viso Ltda. para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Taquiña, suscrito en 2005, en el que se incrementó 25 por ciento sobre los más de 657 mil dólares establecidos en el contrato.  Compra irregular de antracita, contratos respaldados por facturas falsas y pago de servicios que no fueron recibidos, también figuran en la larga lista.

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