Con 6 argumentos, el MAS descalifica marcha indígena

La carretera que atravesará el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) ha sacado a la luz pública las graves contradicciones internas del partido gobernante, pues tras la represión ejercida por la Policía contra el grupo de indígenas que marchaba en contra del proyecto vial quedó duramente afectada la línea política del Movimiento Al Socialismo (MAS) en sus versiones indigenista y ecologista.

Y es que la agresión física que sufrieron los marchistas, el domingo 25 de septiembre, sólo fue la conclusión de una serie de acusaciones sin pruebas, insultos y agresiones verbales provenientes de los más altos niveles del Órgano Ejecutivo, que empezaron en la voz de varios ministros y concluyeron en la del propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma.

Durante 113 días los indígenas del Tipnis fueron acusados desde ser aliados de la Embajada de Estados Unidos o gonistas en pleno proceso de conspiración; salvajes que se oponen al desarrollo del país, por intentar mantener su estilo de vida tradicional sobre el que es su territorio, hasta conspiradores que quieren boicotear las elecciones judiciales del próximo 16 de octubre.

El 3 de junio, fecha en la que se inició la construcción de la carretera, el Presidente aseguró que eran muy pocos los indígenas que se oponían a la construcción de la misma. A partir de ese día, desde el Gobierno se puso en marcha una estrategia para desacreditar a indígenas, ignorar normas medioambientales, movilizar grupos afines y así aplacar crecientes cuestionamientos al plan vial estatal.

El primer ataque fue efectuado por el Jefe de Estado contra los marchistas indígenas el domingo 21 de agosto cuando acusó a sus dirigentes de sostener contactos con la Embajada de Estados Unidos, mostrando un extracto de llamadas telefónicas realizadas  supuestamente por el encargado de Asuntos Indígenas de la embajada, Eliseo Abelo, a los dirigentes Pedro Nuni, Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez, principal dirigente de la Cidob.

Esta acusación generó una serie de explicaciones de parte del Gobierno sobre un presunto espionaje telefónico a través de “pinchazos” que en realidad nunca existió, pues según se demostró después, sólo se trató de un extracto de llamadas que desde ningún punto de vista pudo revelar el contenido de las mismas.

Carlos Romero acusó a la Embajada de Estados Unidos de vulnerar la Convención de Viena de 1961 y de inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia.

Ese día también se acusó por primera vez, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de estar financiando la marcha.

Esta segunda acusación cobró fuerza con una segunda declaración efectuada un día después, el miércoles 24 de agosto por el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas, (Ademaf), Juan Ramón Quintana, quien pidió la expulsión de Usaid, por apoyar y financiar la marcha indígena. Denunció, sin presentar ninguna prueba contundente, que la Cidob estaba en actividades conspirativas junto a Usaid.

El jueves 1º de septiembre a cargo del presidente Evo Morales, se lanzó la cuarta acusación a la marcha indígena, pues el mandatario sostuvo que los indígenas recibieron apoyo de empresarios, ONG y de entidades internacionales como Naciones Unidas.

La quinta acusación, se efectuó el miércoles 21 de septiembre y salió de la boca del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien con un tono formal confirmó que "nos llegó información contundente, inapelable y directa de la relación de algunos dirigentes indígenas de la marcha con el _gonismo_ que vive aquí en Estados Unidos". La autoridad anuncia que a su retorno a La Paz mostraría las pruebas "fehacientes" de la relación que existe entre dirigentes indígenas "con la gente de Sánchez de Lozada". Esto no ocurrió y los líderes indígenas aseguraron que nunca pidieron a ningún abogado externo ningún tipo de colaboración.

Finalmente, la sexta acusación la lanzó el presidente Morales cuando acusó a la marcha de intentar boicotear las elecciones judiciales.

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