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Ed. Impresa INCENDIAN SERRANÍA

Olmedo denuncia a INRA por nexos con loteadores

Por Katiuska Vásquez - Los Tiempos - 21/09/2012


El empresario René Olmedo. - Carlos  López Gamboa Los Tiempos

El empresario René Olmedo. - Carlos López Gamboa Los Tiempos

La familia Olmedo, que libra un conflicto por la propiedad de 265 hectáreas de tierra en la zona de Albarrancho, confirmó ayer su intención de consolidar en el sector una ciudadela y denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pretende declarar el área “tierra fiscal” para encubrir a grupos de loteadores que quieren apropiarse de la serranía de Albarrancho. Mientras tanto, varias hectáreas de pajonales de la zona ardían.

Los Olmedo presentaron ayer su proyecto de urbanización después de que el INRA Cochabamba anunció que sugirió a sus máximas instancias que las 265 hectáreas sean declaradas tierras fiscales, con el argumento de que las mismas no cumplían una función económica social.

Ayer, René Olmedo recordó que su familia compró las tierras de la antigua hacienda Santo Domingo de Albarrancho, en 1976 y 1990, con el propósito de construir un parque industrial. Sin embargo, la idea fue replicada en otros sectores y en 1992 se instaló la Zona Franca Comercial (Zofraco), en 58 de las 365 hectáreas.

Según Alfredo Olmedo, el saneamiento de las 265 hectáreas se realizó sin que el trámite esté inscrito en el Plan Operativo Anual (POA) y que ahora se intenta forzar el concepto de función económica social.

Por su parte, René Olmedo dijo que el INRA pretende desconocer que Zofraco, que es el eje de las 265 hectáreas, aportó por concepto de impuestos con más de 250 millones de dólares.

Ante las denuncias del INRA, de que la familia realizó transferencias y vendió a la Unión de Hortaliceros del Trópico, la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical y la Central de Colonizadores de Ivirgarzama 265 hectáreas hipotecadas, los Olmedo expresaron que los compradores conocen la situación real de los predios.

Según la familia Olmedo, el INRA intenta declarar su propiedad como tierra fiscal para “tapar y ayudar a los negocios que han realizado. Las comunidades no han demostrado posesión”.

Según Alfredo Olmedo, el director del INRA “excediéndose de sus funciones ha declarado el sector tierra fiscal y eso es una usurpación de funciones muy grave: la única persona que puede declarar tierra fiscal es el Presidente”.

Proyectos

Según la familia Olmedo, la antigua hacienda estaba compuesta por 365 hectáreas, en 1992 se destinaron 52 de ellas a Zofraco y 20 fueron cedidas al municipio como dotación para áreas verdes. Posteriormente, se construyeron una maestranza, una cabaña y se abrieron caminos.

Se diseñó construir en los terrenos salitrosos de una extensión de 265 hectáreas la ciudadela Chapare, una terminal, una universidad y un supermercado.

El director del INRA, Jaime Copa, informó que una vez que determinó que el predio no cumplió una función económica social, se sugirió que sea declarado tierra fiscal.

En cambio, los Olmedo sostienen que compraron las tierras lícitamente y no son fruto de una dotación del Estado.

FEDERACIÓN DE CAMPESINOS Y COCALEROS

Lío de tierras genera tensión en el MAS

Los conflictos de tierras en Cochabamba se han convertido en un motivo de tensión entre los sectores sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que pretenden asentarse en predios en proceso de saneamiento y tierras fiscales, según revelaron fuentes cercanas a la agrupación política.

Las fuentes, que pidieron reserva de identidad, manifestaron que el tema más crítico es el de Albarrancho.

A causa de estos terrenos se hallan enfrentados los pobladores del trópico cochabambino y los afiliados de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, a la cual pertenecen las cinco comunidades que pidieron el saneamiento simple de oficio de las 265 hectáreas de la familia Olmedo.

El proceso ha provocado que el sector cocalero busque la destitución del director del INRA, Jaime Copa, a través de una intervención. Sin embargo, el sector campesino ha ratificado su respaldo a la gestión del INRA.

Aunque los conflictos por tierras en el departamento han sido recurrentes y en muchos casos han estado acompañados de enfrentamientos, instituciones como la Brigada de Asambleístas de Cochabamba, recién se han pronunciado y solicitado la intervención del INRA luego del violento desalojo que sufrieron los pobladores del trópico el pasado 8 de septiembre.

A los pocos días del desalojo, el senador y exdirigente cocalero, Julio Salazar, anunció que se pidió que la Contraloría intervenga en INRA en Cochabamba por denuncias de irregularidades que no especificó.

Posteriormente, el presidente de la Brigada de Asambleístas de Cochabamba, Adolfo Mendoza, manifestó que enviaron una solicitud para que se realicen auditorias técnicas.

INCENDIO

Un incendio arrasó ayer con decenas de hectáreas en la zona de Albarrancho. Las llamas destruyeron la escasa vegetación de la zona y tiñeron de negro el cerro.

A pesar de la humareda, ninguno de los pobladores del lugar se asomó a aplacar el fuego. En tanto, el grupo de personas que realizaba el chaqueo de las tierras continúo prendiendo fuego a los matorrales a pesar de la llegada de un grupo del SAR Bolivia.

Aunque el INRA prohibió como parte de sus medidas precautorias cualquier innovación en el terreno, la serranía está llena de caminos abiertos con maquinaria pesada y trancas improvisadas.



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