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Ed. Impresa DE REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD

Advierten que ley 247 no beneficia a loteadores

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 26/09/2012


Enfrentamientos por tieras en Albarrancho. - José Rocha Los Tiempos

Enfrentamientos por tieras en Albarrancho. - José Rocha Los Tiempos

La Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) explicó ayer que la Ley 247 beneficiará únicamente a los asentamientos periurbanos con más de cinco años de existencia; y no a los denominados “loteadores” que después de la promulgación de la norma han comenzado a avasallar áreas verdes y tierras agrícolas.

La Conaljuve reiteró los alcances de la Ley de Regularización en el marco de un taller organizado por la Gobernación para las alcaldías.

El diputado Nelson Virreira pidió a los municipios canalizar la regularización de las viviendas, pero “proteger las tierras productivas”.

El secretario ejecutivo de la Conaljuve, Efraín Chambi, dijo: “Queremos desmentir que esta ley regulariza viviendas; no lotes.

Regulariza asentamientos continuos, permanentes, de buena fe, que tengan una antigüedad de cinco años”.

El anuncio de la Conaljuve se da a pocos días de que se conociera que la Mancomunidad de Ladera Sur del Parque Nacional Tunari y las OTB del Distrito 3 impulsan una propuesta para cambiar la categoría del parque nacional a “zona de manejo integral”, apelando a la Ley de Regularización del Derecho Propietario.

El primer paso para la regularización del derecho propietario es la elaboración de los proyectos de ampliación del radio urbano.

La Conaljuve pidió que las alcaldías hagan todos los esfuerzos para  no permitir los avasallamientos de áreas verdes.

La Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario Urbano establece que los gobiernos municipales deben aprobar sus planes de ordenamiento rural en un plazo máximo de un año; sin embargo, en la mayoría de los municipios los trámites están estancados y los avasallamientos continúan.

Otro aspecto pendiente para la aplicación de la Ley de Regularización es la creación de juzgados públicos, para los procesos sumarios de los asentamientos con más de cinco años de existencia.



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