Aramco pide liberación de choferes y diálogo

La Asociación de Radio Taxis de Cochabamba (Aramco) exigió ayer la liberación de los choferes recluidos en la cárcel y solicitó a la Alcaldía la reapertura del diálogo en demanda de la modificación de la Ordenanza 4394/12 de restricción.

Los choferes detenidos de Aramco son Isaac Martínez, Erick Ricaldi y Gabriel Pérez, quienes por decisión del juez Armando Navia del Juzgado Sexto Cautelar fueron recluidos en el penal de San Antonio, acusados de los delitos de instigación y destrucción de bienes públicos, sancionados con una pena máxima de seis años, tras la manifestación del miércoles.

El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Fernando Vargas, y el dirigente del mercado 27 de Mayo, Germán Jiménez, se encuentran detenidos por los mismos delitos en el penal de San Sebastián.

El abogado de Aramco, Ricardo Velazco, explicó que la detención de los cinco sindicados fue determinada porque no se acreditaron “de manera oportuna los documentos que se requieren para evitar el riesgo de fuga”.

Asimismo, explicó que la defensa de los choferes elabora un recurso de apelación en el cual se pedirá, además de la liberación de los detenidos, un análisis socioeconómico previo a la cancelación de la multa de 25.000 bolivianos establecida por el Juzgado Sexto Cautelar para la liberación bajo medidas sustitutivas.

Aclaró que es “imposible” que en los siguientes 15 días los choferes cancelen la multa debido a la realidad económica que cada  uno atraviesa.

Por otro lado, anunció que Aramco correrá con todos los gastos ocasionados por los destrozos en la Alcaldía.

El daño económico será cancelado a Seguros y Reaseguros Fortaleza y se estima que no sobrepasan los 400 dólares.

Aseguró que, respecto a los tres policías que resultaron heridos, se “arreglará con ellos los gastos médicos que hayan podido tener”.

Por su parte, el vicepresidente de Aramco, Jhonny Gumucio, solicitó ayer al Alcalde, mediante nota escrita, la instalación de una mesa de diálogo técnico en la que el sector demostrará “dónde está el problema de la restricción vehicular”.

Aseguró que no se realizarán medidas de presión. El sector se declaró en “cuarto intermedio”.

La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, considera que la Fiscalía sentó un presedente que se debe aplicar en todas las manifestaciones que se desborden y no “sólo a los que están en desgracia”.

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