Tras cinco años todo sigue igual para víctimas de Octubre Negro

Manifestantes alteños devuelven los gases lacrimógenos a la Policía, en 2003. | La Prensa - Redacción Central Los Tiempos

Después de 1.825 días (cinco años) todo parece volver a ser como antes. En esta semana, las fechas caen los mismos días en los que se desató la Guerra del Gas, evento en el que más de 60 personas perdieron la vida tras enfrentarse con el Ejército en El Alto. En esa época, aunque los bloqueos y los enfrentamientos empezaron antes, la semana que se inicia hoy fue la que se llevó la mayor cantidad de sangre. La caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se dio el viernes tras la lectura de su renuncia en el Congreso a las 17:00. Este año el viernes también será 17 de octubre, pero El Alto sigue sin gas y las víctimas sin renta.

Esta coincidencia casi astral, se dio porque en este lustro hubo dos años bisiestos y las cosas son tan similares, que hasta ahora las personas que fueron heridas o perdieron algún familiar siguen siendo víctimas que no encuentran ni ayuda ni justicia pues la ley que pretendía otorgarles una renta vitalicia está trancada en el Senado, según denunció el abogado que defiende a los alteños damnificados, Freddy Ávalos.

La norma fue discutida hace tres años y los diputados ya la aprobaron. En ella se establece que los montos que se cancelarían a las víctimas de Octubre Negro, van desde 250 salarios mínimos nacionales (144.375 bolivianos) para los herederos de los fallecidos; entre 111 a 220 salarios (64.102 y 127.050 bolivianos) para los heridos gravísimos; y para los graves y leves entre cinco y 110 salarios mínimos (2.887 y 63.525 bolivianos).

El proyecto incorpora también la liberación de gastos académicos para que los heridos y herederos de los fallecidos quedan liberados de pagar matrícula escolar y valores para la obtención del título de bachiller en las universidades públicas, Pero hasta ahora, ninguna de las personas que perdió algo en este hecho recibió estas promesas.

Tampoco avanzó el juicio de responsabilidades contra el ex presidente y sus colaboradores, a pesar de que son dos los procesos que se tramitan en su contra en Estados Unidos. Ahora, tras el enfriamiento en las relaciones diplomáticas entre ese país y Bolivia, que provocaron la expulsión de nuestro embajador en esa nación, será aún más difícil empujar el andamiaje judicial en este caso.

El conflicto de 2003 empezó con enfrentamientos violentos el 20 de septiembre cuando una caravana militar sacó a un grupo de turistas estadounidenses de Sorata y en Warisata se enfrentó con campesinos y normalistas que intentaron frenar su marcha. Seis personas murieron en el altiplano paceño y el Gobierno detuvo algunos días después al dirigente campesino Edwin Huampo.

Este evento desencadenó la protesta social y el 8 de octubre la Federación de Juntas Vecinales y la Central Obrera Regional de El Alto, iniciaron un paro indefinido con marchas y bloqueos que exigían la liberación del dirigente y la suspensión del impuesto Maya Paya, que el alcalde de esta urbe, José Luis Paredes, pretendía imponer.

Las cosas se complicaron y empezaron a exigir la nacionalización de los hidrocarburos, referéndum y asamblea constituyente y la renuncia del mandatario. El bloqueo impidió la llegada de combustible a la sede de gobierno y un convoy intentó llevar gasolina a La Paz, ese momento empezaron las muertes.

En la semana que viene, el vicepresidente Carlos Mesa, marcó distancia con el Gobierno y los aliados de Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, terminaron por quitarle su respaldo. El Presidente renunció y viajó a Santa Cruz para marcharse a Estados Unidos junto a su esposa y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Dos juicios que no avanzan

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el Gobierno realizó todos los esfuerzos para lograr extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por la masacre de octubre de 2003, y que esta lucha no se dejará de lado, aunque existe un conjunto de obstáculos de naturaleza que continúan bloqueando la posibilidad de extraditar a los responsables de la masacre, radicados en Estados Unidos.

Además de este proceso, que ahora no podrá ser agilizado porque Bolivia no cuenta con un embajador en Estados Unidos, existen otros que fueron instalados por activistas estadounidenses, que probablemente tengan mayores avances que el primero.

El 26 de septiembre de 2007, el Centro por los Derechos Constitucionales, junto con otros abogados de derechos humanos, presentó dos demandas: una contra el ex presidente Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada, y la otra contra su ex ministro de Gobierno.

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