Seis frentes en conflicto anuncian más presiones

Decenas de ciudadanos en una campaña por el sí, ayer en la ciudad de La Paz. - La Prensa Los Tiempos

Al menos seis sectores anunciaron que realizarán movilizaciones en la sede del Gobierno durante esta semana previa al referéndum, en reclamo a la atención de sus demandas. Se trata de los médicos, importadores de autos usados, cocaleros de los Yungas, trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), vendedores de ropa usada y mineros relocalizados.

A partir de hoy, los importadores de vehículos retomarán las calles paceñas para exigir flexibilización del decreto que prohíbe el ingreso al país de coches usados que no tengan boleta de importación con fecha anterior al 5 de diciembre de 2008.

El dirigente del sector, Zenón Mamani, explicó que los afectados llegarán desde el interior del país para marchar, pero además para asumir medidas de presión “más fuertes”, ya que el avanzar de rodillas y extraerse sangre, son acciones que “ya pasaron”.

Afirmó que la pasada semana llegaron a movilizarse 1.200 personas, aunque no supo precisar si el cansancio acortará ahora las filas de los manifestantes. “Tal vez venga la misma cantidad de gente del interior, lo que pasa es que no hemos terminado de coordinar”.

Por otra parte, el Colegio Médico de Bolivia anunció un paro nacional de 24 horas para el miércoles 21 de enero, en demanda del cumplimiento de sus peticiones. Entre sus principales exigencias están la inamovilidad funcionaria, la aceleración de procesos de calificación y pago del escalafón médico, que no se emita la Resolución Ministerial que reglamenta el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ( SOAT), y que se respeten los aranceles médicos departamentales.

Según esta institución, el último viernes los presidentes departamentales asistieron a un ampliado, en el que determinaron mantener el estado de emergencia, ratificaron el paro, y dieron plazo hasta mañana al Ministerio de Salud para firmar un acta de entendimiento, en la que debe constar el compromiso de que se atenderán sus pedidos.

El tercer conflicto que enfrenta el Gobierno esta semana es el paro general indefinido que sostienen, desde el 13 de enero, los trabajadores de seguridad social de la Caja Nacional de Salud (Casegural), medida ratificada en una asamblea de emergencia realizada el sábado.

Según la secretaria ejecutiva de la CNS, Rosario Vega, los trabajadores incluso podrían agudizar las presiones si no se aprueba la institucionalización de cargos y si el Gobierno no interviene la actual gestión de la gerente administrativa, Silvia Farfán Borda, quien fue acusada de mala administración, ya que faltan de medicamentos en los centros de atención, así como insumos y se descuidó el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales.

Por otra parte, la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas, amenazó con iniciar esta semana un bloqueo de caminos, si el Ejecutivo no responde a su pliego de 2008, que incluye el permiso para mayores volúmenes de comercialización y el retorno del trueque de 150 libras de hoja de coca por otros productos.

En un ampliado, la semana pasada, las bases resolvieron pedir la destitución del viceministro de Coca, Gerónimo Meneses, y del director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa. La dirigencia anunció que solicitó una entrevista con el presidente Evo Morales para plantearle su inquietud.

También, se prevé la reactivación del conflicto con los comercializadores de ropa usada, quienes anunciaron el inicio de marchas para exigir la ampliación del plazo de venta de estos productos que fenece en abril.

Finalmente, el Gobierno deberá nuevamente atender el pedido de ex mineros relocalizados de Catavi y Siglo XX, quienes ganaron un proceso en contra de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por el pago de más de 20 millones de bolivianos de beneficios sociales, por lo cual ya salieron a marchar la semana pasada. En mayo del año pasado, estas personas tomaron la sede de Comibol para acelerar el fallo de la justicia, y entonces el Ejecutivo se comprometió a impulsar el proceso. Ahora exigen que se haga efectivo el pago ganado y adeudado.

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