Bolivia dice hoy Sí o No a un polémico nuevo Estado

Camapañas por el Sí y por el No coinciden en la plaza principal de Cochabamba - Carlos López Gamboa Los Tiempos

Por: Fernando Avendaño y Gisela Alcócer |

¿Sí o no?, es la pregunta que 3,9 millones de bolivianos deberán responder hoy en un referéndum sobre la propuesta constitucional que propone un estado plurinacional, autonómico y de economía "estatista", en un texto que ha estado marcado por la polémica y las fuertes campañas entre partidarios y detractores.

La nueva Constitución, impulsada por el presidente de la República, Evo Morales, propone una "refundación" de Bolivia inspirada, según expone el documento en su prólogo, en los principios de unidad e igualdad, pero con la vocación de integrar la diversidad étnica, cultural y territorial que caracteriza al país. Estos conceptos, sin embargo, acarrearon consigo temas polémicos sobre el alcance de las autonomías, el tipo de economía que regirá el país, el nuevo rol de la religión, la educación y sexualidad, y la potestad sobre la propiedad privada, propiedad colectiva, tierra y recursos naturales, entre otros muchos temas polémicos, que al final harán peso para inclinar la balanza por el Sí o el No.

Otra de las críticas de quienes se oponen al proyecto constitucional está en que no es fruto de un pacto social, que fomenta la discriminación a favor de la mayoría indígena y que es un texto confuso e inaplicable.

Compuesta por cinco partes y desglosada en 411 artículos (la cifra más alta de la historia de los textos constitucionales en Bolivia, sobre todo tomando en cuenta que la última, de 1994, no tenía más de 234).

En la nueva propuesta, "Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías", según establece el primer artículo.

Con énfasis en el fortalecimiento de los pueblos indígenas o "naciones originarias", el texto garantiza "su libre determinación en el marco de la unidad del Estado" y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) o en el Tribunal Constitucional. Esta Asamblea Legislativa como la nueva representación del Legislativo se constituye en uno de los cuatro poderes del Estado (ya no tres), que en adelante se llamarán órganos: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Así, el Estado cuenta con nuevos controles con el poder electoral, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público y el control social, ejercido desde la sociedad civil a las instituciones públicas.

Las autonomías

El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental (con 36 competencias exclusivas), regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una Ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de los distintos estatutos autonómicos. Justamente, la irrupción de las autonomías indígenas y el nivel de potestades de las autonomías departamentales, que para el Gobierno son suficientes, fueron muy cuestionados por los opositores regionales a Morales (los prefectos y comités cívicos, sobre todo de la Media Luna, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija), que en distintas fechas de 2008 impulsaron referendos para aprobar sus propios estatutos autonómicos y que han sido férreos impulsores del No al texto que será sometido a consulta hoy.

Si gana el "sí", Bolivia quedaría definida como un Estado "descentralizado y con autonomías". "La autonomía implica la elección directa de sus autoridades (...), la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva", señala el artículo 272.

El texto clasifica las competencias en "privativas", que son las que se reserva por completo el Estado y "exclusivas", las que pueden ser transferidas o delegadas la reglamentación y ejecución.

También están las "concurrentes", aquéllas en las que se ejercen conjuntamente la facultad ejecutiva y reglamentaria entre el Estado y el ente autonómico, y finalmente las "compartidas", con capacidad legislativa descentralizada aunque sujeta a las leyes básicas estatales.

Recursos naturales

En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo donde todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar "trabajo digno" y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.

Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función de interés colectivo", por lo que el Estado asumirá el control, la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.

Religión y educación

La nueva propuesta quita el carácter de “religión oficial” a la Iglesia Católica, el Estado se declara laico, aunque establece libertad de cultos. Pese a que este aspecto favorece a otras confesiones religiosas, paradójicamente católicos y protestantes se han unido para observar otros aspectos del nuevo texto, como la presunta posibilidad de que se abra la posibilidad de matrimonios entre homosexuales (pese a que en la propuesta figura textualmente en el artículo 63 que el matrimonio se da “entre un hombre y una mujer”) o que la orientación sexual no sea un impedimento para las adopciones.

De cualquier manera, estos argumentos han servido a los opositores al nuevo proyecto constitucional de plantear a los electores si están votando por Dios o por Cristo, una figura proselitista que fue criticada incluso por la propia Iglesia Católica.

El debate, durante el proceso de consolidación del nuevo marco normativo, también estuvo centrado en el derecho que tienen los padres para escoger libremente la educación para sus hijos, por lo que el texto final reconoce la educación fiscal, privada y de convenio. Además, agrega la obligatoriedad de los estudios hasta el bachillerato.



Coca y wiphala

Dos aspectos polémicos por su carácter indigenistas son la coca y la wiphala. La primera es reconocida por el texto constitucional (artículo 384) como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente". En tanto que la segunda se incluye como símbolo patrio nacional (Art. 6), una propuesta discutida por sectores regionales que no la consideran una representación nacional, sino sólo de grupos indígenas de occidente.

Fuentes: AP, EFE, CPE (antigua y nueva) y archivo Los Tiempos)

Una CPE con énfasis en la diversidad

Plurinacional

La nueva propuesta constitucional pone énfasis en la diversidad cultural, reconoce como oficiales 36 lenguas y establece autonomías indígenas.

Poder del Estado

El nuevo texto constitucional también establece un sistema de cambios que confieren más poder al Estado a nivel económico, político y de control social.

CRONOLOGÍA

Las CPEs en la historia

• En Bolivia hubo 20 modificaciones de la Carta Magna que empezaron un año después de la fundación de la República. Estos cambios fueron totales y parciales, en gobiernos constitucionales y de facto.

• La primera modificación de la Constitución Política boliviana ocurrió el 19 de noviembre de 1826, durante la presidencia de Antonio José de Sucre, durante un gobierno constitucional; la segunda y la tercera las hizo el mariscal Andrés de Santa Cruz, el 14 de agosto de 1831 y el 20 de octubre de 1834.

• Luego, José Miguel de Velasco la modificó el 20 de octubre de 1839. El presidente José Ballivián también realizó cambios a la constitución el 17 de junio de 1843.

• Isidoro Belzu cambió la constitución el 21 de septiembre de 1851 y José María Achá, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto de 1861.

• Mariano Melgarejo también modificó la constitución el 1 de octubre de 1868; Agustín Morales, el 18 de octubre de 1871; Hilarión Daza, el 15 de febrero de 1878; Narciso Campero el 28 de octubre de 1880; Bautista Saavedra el 24 de enero de 1921; Carlos Blanco Galindo, el 23 de febrero de 1931; Germán Busch el 30 de octubre de 1938; Gualberto Villarroel, el 2 de noviembre de 1945; Enrique Hertzog el 28 de noviembre de 1947; Víctor Paz Estenssoro, el 4 de agosto de 1961; René Barrientos el 2 de febrero de 1967; Gonzalo Sánchez de Lozada, el 12 de agosto de 1994 y Carlos Mesa, el 20 de febrero de 2004.

Avances en derechos

La nueva propuesta hace despliegue de los derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos. Destacan en este capítulo las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.

También se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado y, entre otros, se prohíbe en territorio boliviano el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El texto legal recoge la "demanda marítima" donde el estado "declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo".

Otra de las novedades es que Bolivia se declara un estado pacifista y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio.

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