Desalojan a «invasores» de terrenos de YPFB

Carpas instaladas en predios de YPFB-Transredes en Santa Cruz, ayer. - El Deber Agencia

Después de seis días de ocupación de los terrenos de YPFB-Transredes en la avenida Piraí, entre cuarto y quinto anillo, la tarde de ayer, la Fiscalía y la Policía desalojaron pacíficamente a las 300 familias que habían parcelado el predio. Donde hubo amagos de pelea fue en el lote de enfrente, de propiedad municipal, donde los vecinos que se asentaron pedían que les paguen por haberlo limpiado.

Por estos y otras invasiones de tierras que se produjeron en los últimos días a título de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el domingo pasado, autoridades gubernamentales y prefecturales cruceñas se acusaron mutuamente de impulsar estas ocupaciones. El prefecto cruceño, Rubén Costas, acusó al gobierno de Evo Morales y altos dirigentes del MAS de estar detrás de estas tomas. "La toma de tierras, como un premio por el voto por el Sí a la CPE, podría destruir el modelo cruceño de desarrollo", aseveró Costas.

Desde el gobierno, el viceministro de Tierras, Cliver Rocha, responsabilizó por esas tomas a los "latifundistas" del oriente del país, quienes estarían intentando "desatar miedo" y hacer creer que son los del MAS que están empezando a tomar tierras amparados en el nuevo texto constitucional. "Están recurriendo a la táctica de la toma de tierras para provocar miedo", manifestó al precisar que los casos de San Julián y San José de Chiquitos no son avasallamientos, sino conflictos clásicos de sobreposición de derecho propietario que están en manos del INRA.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, denunció que dirigentes de la Copnag paralela de Guarayos, afín al MAS, está reclutando gente para tomar las tierras productivas de la zona.

Por su parte, a tiempo de rechazar las tomas de tierras -por gente supuestamente ligada al MAS-, el prefecto, Rubén Costas, solicitó al Ministerio Público cumplir con el mandato de la ley, investigando y acusando las acciones delictivas.

Unas 300 personas supuestamente afines al MAS y posiblemente vecinos del Plan Tres Mil y Villa Primero de Mayo ocuparon la anterior semana terrenos que pertenecen a YPFB-Transredes. A esto se sumó la acción de vecinos de barrios Hilandería y Las Carmelitas que ocuparon 23 mil hectáreas de metros cuadrados de un predio municipal. El martes pasado, un grupo de campesinos ingresaron a un predio de San Julián, que pertenece supuestamente a una ex autoridad de gobierno. Ayer se denunció la ocupación de terrenos en San Ramón.

Ayer por la mañana, Valentín Uriona habló a nombre de los asentados en el terreno de YPFB-Transredes, adelantando que algunos funcionarios de la estatal petrolera les comunicaron que no podían prender fuego, pues hay ductos enterrados que corren el riesgo de explotar y por eso abandonarían el lugar.

"Insistimos que no somos dirigentes del MAS, sino simpatizantes que votamos por el cambio. Tampoco fuimos instruidos por funcionarios estatales para tomar estas tierras", manifestó Uriona.

Por su parte, en el terreno municipal donde hay una poza y que es para equipamiento primario, los vecinos que lo tomaron y otros que aparecieron días después estaban confundidos. Mientras unos conocían que era propiedad municipal, los otros insistían en lotearlo, pues habían plantado estacas para demarcar las parcelas.

Sin embargo, el panorama cambió por la tarde, pues a las 15:30 llegaron 300 efectivos policiales y un centenar de gendarmes para proceder al desalojo. El fiscal Alberto Cornejo conversó con los invasores y les dio una hora para que se marchen.

Los ocupantes dijeron que se salían con la esperanza de que les den viviendas en otras zonas. "Estoy decepcionado porque a Juan Tarqui, que era el jefe del loteo, le pagué 150 dólares por asentarme, pero él escapó y no sé a quién voy a reclamar", anotó Richard Ramírez, que vive en la Villa Primero de Mayo.

Toman tierras en San Julián

La amenaza de toma de tierras en el municipio de San Julián (Santa Cruz) es un hecho, según constató El Deber. En el Área 4 de esa localidad, se comprobó que unas 70 personas se encuentran instaladas a la espera de una redistribución de estos terrenos.

Serios y muy desconfiados este grupo explicó que llegaron para obtener una pequeña parcela y poder sembrar soya, maíz o arroz. Señalaron que no deseaban problemas y que iban a buscar la manera de negociar con los propietarios de estos predios, que en su conjunto suman unas 33 mil hectáreas. Sin embargo, se observó a varias con armas de caza.

Elías Mamani, el encargado de anotar a los campesinos interesados en contar con una pequeña parcela, señaló que no buscan la violencia sino que esperan que los que tienen grandes extensiones, de manera ilegal, las redistribuyan con los campesinos del lugar que no tienen nada.

Sobre este tema, el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) Christian Sattori, señaló que estos focos de conflicto por la tierra se deben a que el Gobierno ha confundido a los campesinos al prometerles todo una vez que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

“Este es el resultado de la política de MAS en el tema tierra. Ahora todos sus seguidores piensan que tienen derecho a tomar o avasallar una propiedad privada bajo la excusa de que ganó la nueva Constitución”, sostuvo a tiempo de exigir al Ejecutivo que cumpla su palabra y garantice la propiedad privada.

Por su lado, el titular nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, hizo conocer que el INRA tiene a dos técnicos en la zona de conflicto y que por el momento no tienen ninguna denuncia por parte de los supuestos propietarios.

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