Alteraron 4 veces el contrato Catler Uniservice-YPFB

La diputada Giovanna Navia (centro) sale de la fiscalía acompañada de su abogada. - La Prensa Los Tiempos

El contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma argentina Catler Uniservice fue modificado en cuatro oportunidades para beneficiar principalmente al contratista, lo cual confirma la serie de irregularidades en la adjudicación de la construcción de la planta de extracción de licuables de gas natural en Río Grande en Santa Cruz. En tanto, ayer la Fiscalía continuó con los allanamientos a domicilios y oficinas de los implicados en el asesinato del empresario Jorge O"Connor. La diputada Giovanna Navia Doria Medina, esposa del ex presidente Santos Ramírez, se negó a declarar en la Fiscalía acogiéndose a su derecho constitucional de permanecer en silencio.

El documento de contrato al que tuvo acceso El Deber, refleja una serie de modificaciones (adendas) que van desde la presentación de garantías (boletas bancarias), las garantías de buena ejecución de obras, la correcta inversión de anticipos, la supervisión de obras, entre otros puntos que se constituyen en supuestos delitos en la contratación de Catler Uniservice.

Precisamente, la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, afirmó que Santos Ramírez habría cometido al menos cuatro delitos en la contratación de la firma argentina: Daño económico, contrato lesivo al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Si bien YPFB (contratante) y Catler Uniservice (contratista) firmaron el contrato el 14 de julio de 2008, la primera adenda surgió el 8 de agosto a solicitud de la firma argentina que pidió modificar el contrato en lo referente al anticipo, la emisión de boletas bancarias de forma sindicada con otras entidades bancarias y en relación al plazo de presentación de las boletas. La petición fue aceptada.

No conforme con ello, el 15 de octubre el contratista vuelve a solicitar a YPFB aceptar cambios en la presentación de pólizas. Con referencia a la garantía de correcta inversión de anticipo solicitan que se acepte una póliza de garantía de correcta inversión de anticipo para entidades públicas con una cláusula adicional de ejecución a primer requerimiento. Las partes hicieron cambios en una segunda adenda y establecieron el 17 de octubre que las garantías puedan ser boletas bancarias del banco Unión y|o pólizas de garantías.

El 24 de noviembre surge una tercera adenda, en la que se determina que la supervisión del contrato esté a cargo de una empresa calificada y ya no por un solo profesional calificado.

Finalmente, la cuarta adenda se firma el 8 de enero de 2009 referida a la forma de pago. Esta modificación señala que de manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante podrá autorizar los pagos que requiera Catler, previo informe escrito de conformidad de la contraparte.

Sobre el particular, el experto Carlos Alberto López y el ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos señalaron que si bien es "aceptable" efectuar cambios a los contratos, lo ideal es no tener varias adendas. "Tiene que haber una razón muy fuerte, muy fundamental para hacer cambios, hay que analizar el contrato en detalle", dijo Ríos.

Los partidos de oposición indicaron que el presidente Evo Morales es cómplice de la corrupción porque promulgó el DS 29506, que autoriza a la estatal hacer contrataciones directas, violando la ley Safco y la ley de contrataciones.

Investigación

Desde el pasado lunes, varios equipos legales y técnicos trabajan arduamente en YPFB y ayer, entre las 10:30 y pasado el mediodía, la viceministra Nardy Suxo informó a la Comisión Multipartidaria que investiga el asesinato y atraco del empresario tarijeño Jorge O’Connor d’Arlach, a quién el robaron 450 mil dólares poniendo al descubierto el supuesto pago de "coimas" de un contrato firmado entre la estatal y el consorcio Catler-Uniservice que beneficiaría al ex presidente de YPFB Santos Ramírez.

A las contravenciones en la firma del contrato, detectadas por el Viceministerio, se suma el incumplimiento de normas que obligan el registro de los contratos del Estado con empresas privadas en la Contraloría General de la República.

Querella contra Santos

El fiscal Edward Mollinedo presentó una querella judicial, que está a cargo de la jueza Marcela Siles contra los que resulten culpables de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos contra el Estado, daño económico, uso indebido de influencia, cohecho activo y cohecho pasivo y que apunta al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

Al margen de estas acusaciones, la comisión interventora de la estatal petrolera también analiza la posibilidad de iniciar una querella contra los autores de esos delitos.

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