YPFB y Catler firmaron un contrato privado

El presidente Evo Morales, durante la inauguración del tramo Toledo-Ancarani en Oruro. - Abi Agencia

La Paz | 

El Ministerio de Hacienda desembolsó $us 45 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para un contrato de categoría privada, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó con la empresa argentino boliviana Catler Uniservice para la construcción de la planta de separación de líquidos en el campo Río Grande, en Santa Cruz, transfiriendo el monto al fideicomiso del Banco Unión.

El incumplimiento de la protocolización deja el documento, firmado el 14 de julio del pasado año, en calidad de "contrato entre partes de dominio privado, pero para sentir sus efectos posteriores tiene que ser un documento público a través del notario", explicó la notaria de Gobierno, Ivana Rodríguez.

El contrato se mantiene en condición de "documento privado", a pesar de que fue suscrito el 14 de julio de 2008, puesto que no fue formalizado en la Notaría de Gobierno; por lo tanto, la obligación del acatamiento estaría en duda.

A pesar de no estar protocolizado el contrato ni registrado en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda desembolsó los $us 45 millones. "El más grueso fue de $us 35 millones y se lo realizó el 12 de noviembre de 2008 con la apertura de la carta de crédito para la importación de ese equipo", dijo su titular, Luis Arce.

Por otro lado, el escándalo de la presunta corrupción en YPFB, donde se vio envuelto su titular Santos Ramírez, fue el factor determinante para que Saúl Ávalos sea alejado ayer del cargo de ministro de Hidrocarburos. Ayer, el presidente Evo Morales tras posesionar a su nuevo gabinete, sin mencionar el caso de YPFB, enfatizó en la transparencia de la gestión de sus colaboradores.

Un informe publicado este domingo por el Ministerio de Hacienda señala que el 8 de agosto de 2008, Luis Arce "suscribió un contrato de Fideicomiso con el Banco Unión y YPFB constituyendo un patrimonio autónomo de 45 millones de dólares", que es el 50 por ciento del costo de la planta de Río Grande como lo manda el decreto supremo 29662 del 30 de julio del mismo año.

El TGN transfirió los recursos, es decir los 45 millones de dólares, el 2 de septiembre de 2008 al Banco Unión SA en "calidad de fiduciario". La fecha se hizo pública en la solicitada de este domingo del Ministerio de Hacienda.

Los reportes del fiduciario señalan que "los desembolsos se realizaron a solicitud del beneficiario del fideicomiso (YPFB)", añade la publicación al añadir que el desembolso "más grueso" de los 35 millones de dólares "se realiza para la apertura de una Carta de Crédito a nombre de Guisby PS para la compra de equipo básico de ingeniería y diseño para la planta de gas".

El Banco Unión "realiza traspasos a Catler Uniservice SRL por 1.650.000 dólares", señala la solicitada detallando que los desembolsos se realizaron el 1 de diciembre del 2008 y el 14 de enero de 2009, pero deja en claro que esas entregas fueron "por instrucción de YPFB (el beneficiario del fideicomiso".

Se obviaron los procesos

La "Máxima Autoridad Ejecutiva" (MAE) de YPFB incumplió el artículo 35 del decreto supremo 29190, de 11 de julio de 2007, que establece que cualquier contrato desde Bs 800.000 debe ser protocolizado por la entidad pública contratante en el plazo de 10 días hábiles, después de firmado.

Además, el mismo contrato con Catler-Uniservice, en su cláusula décimo séptima establece esta obligatoriedad de la protocolización. Sin embargo, la misma deja abierta la posibilidad de incumplimiento estableciendo que "si el presente documento no fuese protocolizado, servirá a todos los efectos de Ley y su cumplimiento, como documento suficiente a las partes".

Sin embargo, la Notaria de Gobierno asegura que la totalidad de los contratos que suscribe el Estado a través de las entidades públicas son formalizados en la Notaría de Gobierno, porque sino no surtirá efecto "para exigir el cumplimiento del contrato".

Esta obligación del registro en la Notaría de Gobierno está fijada en el decreto supremo 29190, del 11 de julio de 2007, que regula los procesos de administración de bienes y servicios del Estado.

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