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Gobernador de San Pedro pide cárcel ante desmoronamientos

Por Anf - Agencia - 27/02/2009


El desmoronamiento de un muro dentro del penal de San Pedro desnudó las precarias condiciones en las que viven los más de 1.300 internos en ese recinto penitenciario, cuyas autoridades policiales esperan que el gobierno construya un nuevo y moderno correccional.

"Yo creo que más que refacciones, ya hay que cambiar ya ha cumplido su ciclo de vida esta cárcel", dijo, este viernes, el gobernador del penal de San Pedro, coronel Ernesto Michel, quien considera que llegó el momento de que se tomen determinaciones urgentes.

El muro se desmoronó, al promediar las 05.00 de este viernes, a causa de las intensas lluvias que cayeron en los últimos días ante la mirada impotente de los jefes y policías que no pudieron evitar los daños materiales que causó esta caída. El coronel Michel dijo que no se tuvo que lamentar daños humanos; aunque cuatro internos sufrieron heridas leves en el momento del derrumbe.

Ese muro se encontraba en el sector denominado "La Murallita" y dividía a la sección "La Posta", donde están recluidos cerca de un centenar presos de acomodada posición económica, con las demás fracciones de ese recinto carcelario que alberga a narcotraficantes, peligrosos criminales, avezados delincuentes, violadores y hasta personas de la tercera edad.

De acuerdo con la Pastoral Penitenciaria, el penal de San Pedro, construido en 1895, se halla superpoblado, manteniendo en condiciones de hacinamiento a la mayoría de la población penitenciaria en una vetusta infraestructura que poco a poco se cae a pedazos, por lo que es objeto de incesantes y costosas refacciones. La asistencia y la terapia de rehabilitación son escasas o inexistentes.

PROYECTO DE CARCEL: En el gobierno del ex presidente Carlos Mesa hubo la planificación de un proyecto ambicioso para trasladar el penal de San Pedro, situado a ocho cuadras de la plaza Murillo, a un amplio predio de Alto Següencoma, zona Sur de la sede de gobierno, cuyo costo habría superado los cuatro millones de dólares.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece que el Estado está obligado a brindar la infraestructura y asistencia necesaria para rehabilitar y reinsertar a las personas condenadas a prisión, durante todo el tiempo de dure su reclusión.

Del mismo modo, esa norma establece la necesidad de clasificar y separar a los reclusos, discriminando entre condenados, detenidos preventivos, jóvenes infractores y enfermos mentales para brindar servicios de asistencia médica, educativa, deportiva y recreativa.

Ese nuevo y moderno recinto carcelero debía ser construido en la zona de Alto Següencoma de La Paz donde la Policía Nacional cuenta con más de 560 hectáreas de terrenos que no utiliza y sólo tendría que ceder 10 hectáreas para el nuevo campo penitenciario que se constituiría en uno de los penales más modernos del país y de mayor control. El proyecto del nuevo penal, divido en cuatro campos delimitados, habría albergado a más de 2.400 internos.


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