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Proceso y suspensión de Presidente de la Corte Suprema no fue decisión voluntaria

Por Abi | - Los Tiempos - 17/05/2009


LA PAZ |

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aseguró que el proceso y la suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, que fue demandando por los familiares de la denominada masacre de "octubre negro de 2003", no fue de la noche a la mañana, ni de un día para otro, sino fue una consecuencia de actos de dilación, de retardación de justicia y hasta de complicidad con los encausados.

San Miguel recordó que la demanda de un juicio de responsabilidades, en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, por el que Fernández fue acusado de retardación de justicia y causa de su imputación y suspensión, fue iniciado en 2005 y desde entonces y por diferentes razones no se ha iniciado por acciones dilatorias que, a su juicio, tienen el propósito de extinguir el proceso y en el que Fernández "tiene gran culpa".

 "La demanda (contra Fernández en la Cámara de Diputados), presentada por los familiares y no por el Gobierno, se fundamenta en que el accionar del Presidente de la Corte Suprema, respecto al caso octubre negro, ha sido de dilación, ha sido de retardación inclusive podríamos decir de complicidad con los acusados", remarcó el Ministro de Defensa y enumeró una serie de acciones que justifican esa aseveración.

 San Miguel señaló que, el ahora suspendido presidente de la Corte Suprema, se excusó de conocer el proceso en una actitud "bastante sintomática y elocuente" y se preguntó "¿cómo el presidente del más alto Tribunal de justicia, que tiene entre sus manos el juicio que todos los bolivianos esperan que se ventile, se excuse del caso nada menos mostrando como motivo que su propia hermana es abogada de un ex ministro imputado en el caso?".

 El Ministro de Defensa reveló que Fernández ya había intentado excusarse del caso en una anterior oportunidad pero que la Sala Plena le negó esa solicitud y entonces "se acogió a la causal de que una pariente es abogada de un ex ministro".

 "Para el órgano ejecutivo eso un ardid, una muestra de que Fernández quiere salir del proceso porque claro él le debe una factura política a Nueva Fuerza Republicana y al Movimiento Nacionalista Revolucionario (partidos oficialistas en 2003), porque por esa coalición llegó a la Corte", aguijoneó.

 Recordó además, que en el expediente del caso hay un antecedente escrito en el que los familiares de las víctimas de al menos 67 personas muertas y alrededor de 400 heridos en la insurrección popular de octubre de 2003 que fue reprimida por el Gobierno de Sánchez de Lozada, insisten en que se inicie el proceso.

 Ante ese pedido, Fernández solo "providencia" que se notifique a Sánchez de Lozada y a dos de sus ex ministros que fugaron a Estados Unidos "dándoles el tiempo suficiente para que prescriba a causa y para que no haya justicia", porque las notificaciones pueden durar uno o dos años, explicó.

 San Miguel estuvo acompañado del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en la entrevista con la estatal Patria Nueva, quien ratificó que Fernández fue suspendido en base a pruebas documentales "patentes" de su acción de retardación de justicia y de complicidad, como el no haber previsto el arraigo para los ex ministros, tres de los cuales "fugaron al Perú".

 Chávez aseguró que, inclusive el inicio del juicio programado para el lunes 18 de mayo no es una decisión voluntaria, sino "consecuencia de la presión de los familiares de las víctimas de octubre 2003" y denunció que la retardación de justicia no sólo se da en este caso sino en más de 300 al año que están esperando que se sorteen en Sala Plena para su encausamiento.

 "Hasta ahora, en más de cuatro meses del año, no ha habido un solo sorteo en sala plena, en una Corte Suprema que tiene retraso de casi cuatro años, entre ellos demandas tributarias millonarias que son de interés del Estado", denunció.


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