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Confiscación: fiscal pone en marcha decreto

Por Red Líder - Agencia - 22/05/2009


Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, ayer. -   Foto | Los Tiempos Los Tiempos

Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, ayer. - Foto | Los Tiempos Los Tiempos

Red Lider

El Decreto Supremo 0138 referido a la incautación de bienes a las personas supuestamente vinculadas al terrorismo, será estrenado con los abogados Hugo Achá y Alejandro Melgar, investigados por el Ministerio Público como supuestos financistas de la célula terrorista desarticulada en Santa Cruz. Así lo anunció ayer la Comisión de Fiscales Antiterrorismo que investiga el caso, mientras la oposición busca mecanismos legales para evitar la aplicación de dicho decreto aprobado por el presidente Evo Morales el miércoles pasado.

La comisión de fiscales antiterrorismo anunció ayer que anotará preventivamente los bienes de los abogados Hugo Achá y Alejandro Melgar, que se encuentran fuera del país desde el pasado 16 de abril, cuando fue desarticulada la  supuesta célula terrorista conformada por el boliviano-croata-húngaro, Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer, el húngaro Árpád Magyarosi, el boliviano-croata Mario Tadic y el rumano-húngaro Elöd Tóásó.

"El Código de Procedimiento Penal señala en uno de sus artículos la anotación preventiva de bienes del declarado rebelde o prófugo que evade la justicia", precisó el fiscal que encabeza las investigaciones, Marcelo Sosa.

En línea con el decreto confiscatorio de los bienes de quienes sean encausados, por financiar aprestos secesionistas y terroristas en Bolivia, Sosa expresó que con una imputación formal se podría determinar las medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos, en la comisión de delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado.

Sosa ratificó que todas las personas nombradas en la investigación serán citadas a declarar, como ocurrió ayer con la empresaria cruceña Katherine Rabczuk y el gerente de la empresa de seguridad Arias, Eduardo Guilarte, quien aseguró que presta servicios en oficinas que tiene Cotas.

Guilarte aclaró que el personal de Arias no realiza una vigilancia constante en el interior del campo ferial, por lo que descartó su vinculación con las acciones irregulares.

Asimismo, el Ministerio Público imputó ayer a Ignacio Villa,”El Viejo”, que ayudó a desbaratar a la presunta organización terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores, al determinar que existe nexos entre esta persona con posibles actos irregulares. El fiscal no ordenó la detención de Villa por su delicado estado de salud.

Analizan acciones

El presidente del Senado Óscar Ortiz advirtió ayer, que la aplicación de este decreto, que permite la incautación de manera expedita de bienes y patrimonio de personas implicadas con casos de terrorismo, será un funesto precedente porque viola más de una decena de artículos de la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y de tratados internacionales.

“Si aceptamos, en los hechos estaríamos reconociendo al Ejecutivo la capacidad de hacer leyes”, remarcó.

Gobierno acepta debatir

Ante las reacciones en contra que provocó la aprobación del Decreto 0138, de empresarios, abogados y políticos, ayer las autoridades gubernamentales salieron en su defensa y para argumentar sus alcances. El portavoz presidencial, Iván Canelas, en conferencia de prensa informó que el Gobierno aceptaba debatir de manera pública y en cualquier escenario el alcance del decreto.
La Confederación de Empresarios Privados (CEPB), a través de su presidente Gabriel Dabdoub, propuso el miércoles al Gobierno un "debate de ideas" y la creación de una ley para establecer en qué situaciones el Estado puede proceder a esas confiscaciones.

El vicepresidente Álvaro García Linera, por su parte, argumentó ayer de que sólo un juez decidirá el destino final de un bien que sea incautado por el Ministerio Público a quienes cometan delitos relacionados con el terrorismo. "El decreto de confiscación establece que encima de ciertas bases probatorias, el fiscal pude establecer la incautación, que también se encuentra en el Código Penal, y luego el juez, al finalizar el juicio, establecerá la devolución de la propiedad o si procede la incautación definitiva”.

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