El presidente Evo Morales recompuso el diezmado Poder Judicial con la designación de 18 magistrados, cinco de ellos suplentes, lo que le dará el control pleno del Estado tras su abrumadora victoria electoral para un segundo mandato.

Cinco de los nombrados son magistrados del Tribunal Constitucional, que estuvo paralizado por casi dos años debido a la renuncia de sus miembros, varios de los cuales alegaron presiones desde el Ejecutivo para dejar sus cargos.

También el presidente y otra magistrada de la Corte Suprema fueron enjuiciados por el Ejecutivo el año pasado y obligados a renunciar.

Cinco de los designados completarán la Corte Suprema de 10 miembros y otros tres el Consejo de la Judicatura. Todos los designados cesarán en diciembre cuando se elegirá por voto ciudadano a los magistrados tal como dispone la nueva Constitución.

Nueve de los designados son mujeres, una de ellas es indígena, la primera que llega a ese alto cargo.

Morales envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por el oficialismo una "ley corta" que le permite transitoriamente designar a los magistrados hasta la elección de los mismos en las urnas.

La oposición se opuso sin éxito a la iniciativa y adujo que Morales tendrá el control absoluto del Estado. "Este abuso de poder debe parar, todas las instancias nacionales están en manos del gobierno", declaró la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales.

Para el gobernador opositor de la provincia de Santa Cruz, Rolando Aguilera, la designación de magistrados "rompe la independencia de poderes que es fundamental para la democracia".

Morales dijo que no conocía sino a "cuatro o cinco" de los designados y reconoció que para elegirlos consultó a colegiaturas y "organizaciones sociales". Algunos de los designados fueron asambleístas del oficialismo pero la mayoría no tiene militancia conocida.

En su discurso, instó a los magistrados a "acabar con el manejo oscuro de la justicia". "El pueblo no puede decir en las calles que la justicia es para el que tiene plata, ese debe acabar", dijo y pidió a los jueces aplicar la ley fuera de toda influencia política.

"Si cometo un error métanme a la cárcel; si algún ministro (del Ejecutivo) comete errores, métanle a la cárcel; estamos hablado de una justicia transparente", dijo.

La justicia boliviana es una de las instituciones más cuestionadas en el país y desde siempre ha sido permeable a la influencias políticas.

En las pasada gestión de Morales fue el escenario donde el gobierno y la oposición midieron fuerzas. La crisis devino en una paralización de los órganos judiciales que ahora el gobierno buscar recomponer.

Las elecciones de diciembre dirimieron la disputa a favor de Morales y hoy una veintena de líderes opositores están sometidos a proceso judicial.

Los resultados de esa administración de justicia fueron descritos por el propio mandatario. Dijo que 5.691 causas están pendientes en el Tribunal Constitucional; 5 de cada 100 casos penales logran sentencia condenatoria y 8.073 personas están presos en las cárceles de los que 1.999 tienen sentencia.