15:00 Nacional
Defensora: 30 años son suficientes para desclasificar archivos de dictadura
Por Anf - Agencia - 22/02/2010
LA PAZ |
La Defensora del Pueblo, Rielma Mencias, afirmó este lunes que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas debe comprender la existencia de límites procesales para desclasificar los archivos "reservados" de las dictaduras.
Explicó que ese límite son 20 años y en el caso del golpe de Estado de 1980 ya transcurrieron 30 años, por lo tanto la información que se tiene no debe tener la calidad de secreta ni mucho menos reservada.
"Si esta información está en manos de autoridades públicas como el fiscal, o, el juez deben ser ellos quienes definan si esos documentos tienen esa categoría de secreto o no, siempre y cuando se ponga en riesgo la seguridad del Estado", dijo.
Mencias explicó que en este caso la historia de los desaparecidos forzados de hace 30 años no pondrá en riesgo la seguridad interna del país, "toda vez que son hechos que han surgido en un momento político que ya concluyó y por lo tanto esos casos merecen ser esclarecidos", agregó.
Mencias emitió una Resolución Defensorial en sentido de que el Comando de las Fuerzas Armadas cumplan la Resolución del Ministerio de Defensa que instruyó la "desclasificación" de documentos militares de la década de los años 80, en especial del periodo de la dictadura militar de Luis García Mesa.
"Ahora debe ser la Fiscalía que ejecute acciones más coactivas, pero nosotros esperamos que no se lleguen a esos extremos, toda vez que se trata de transparentar la información tal como es el propósito del gobierno y la ciudadanía", dijo.
Explico que en otros países como Argentina, se crearon "comisiones de la verdad" que tuvieron amplia posibilidad de conocer todos los archivos. "En el caso de Bolivia no ocurrió lo mismo, pero existe la decisión políticas de conocer esos documentos", precisó.
En el país la Asociación de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en las Dictaduras (ASOFAM) exige el esclarecimiento de desapariciones forzosas y asesinatos como es el caso del desaparecido líder político, Marcelo Quiroga Santa Cruz y el sacerdote jesuita Luis Espinal además de otros dirigentes políticos de izquierda.
Para la Defensora del Pueblo, más allá del hecho humano, está la necesidad de terminar con la "impunidad" que está vigente en tanto no se conozca a los actores de estos hechos y no se pueda responsabilizarlos por los delitos que cometieron.
En mayo de 2009, el Ministerio de Defensa, autorizó mediante resolución, a las Fuerzas Armadas, desclasificar toda la información que pudiera tener sobre las personas asesinadas o desaparecidas durante las dictaduras militares en las décadas del 60, 70 y 80.
Para cumplir con ese propósito el miércoles 17 pasado, el fiscal Milton Mendoza intentó ingresar hasta el Estado Mayor, acción que fue impedida por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Ramiro de la Fuente.
El fiscal Mendoza advirtió que la negativa militar va en contra la decisión del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien ratificó que las Fuerzas Armadas garantizarían el acceso a los archivos militares para su desclasificación y posterior análisis.
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