Santa Cruz | El Deber

Para varios profesionales expertos en el tema jurídico, lo que pasó con el empresario Eduardo Paz el miércoles pasado, cuando fue detenido en el aeropuerto Viru Viru antes de abordar un avión rumbo al exterior, representa un abuso de poder y violación de las libertades individuales por parte del Ministerio Público, puesto que sobre dicha persona no pesaba ningún arraigo y no existía orden de aprehensión ni citación a declarar ante un juez.

Para el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, cualquier prohibición al derecho de locomoción es una detención arbitraria si no hay orden emanada por juez dentro de un debido proceso. El jurista dijo que Paz puede presentar acciones penales contra los que lo detuvieron, puesto que el Código de Procedimiento Penal lo ampara.

El abogado Darwin Prado señaló que todo acto de detención sin formalidades legales es abuso de autoridad y violación de los derechos humanos, por lo que la instancia a la que puede acudir cualquier persona que se sienta violentada es el Ministerio Público, al que se le debe plantear una querella solicitando que investigue el hecho.

Bernardo Wáyar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, dice que no es posible que en un estado de derecho se viole la Constitución. “Lo que debemos hacer es exigir que se cumplan las leyes”, enfatizó.

El fiscal general, Mario Uribe, dijo que no conoce los pormenores de lo acontecido pero que considera que no se ha vulnerado ningún derecho. “Definitivamente no hubo orden de aprehensión o de detención. Entiendo que a Eduardo Paz se lo ha citado. Es más, a través de los medios la propia persona establecía que voluntariamente se ha presentado”.

Arraigo o aprehensión
El constitucionalista Antonio Rivera, quien también advirtió desconocer los pormenores del caso Cainco, dijo que una de las pocas posibilidades que podrían justificar una detención en el aeropuerto sin existir orden de arraigo es que el aludido hubiera sido sorprendido cometiendo algún delito, en tanto que su detención en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no debió haber pasado de las ocho horas, si es que no se contaba con una orden de aprehensión, en cuyo caso la detención pudo haber sido de 24 horas. Con Paz, que estuvo detenido casi unas 15 horas, no se dio ninguna de estas condiciones, pues quedó verificado que no tenía orden de arraigo ni de aprehensión.

El especialista en derecho público, Mario Serrate Ruiz, dijo que la detención fue indebida por dos motivos: no hubo mandamiento de aprehensión y porque el procedimiento penal establece que sólo en el caso in fraganti se la puede ejecutar sin la orden de un juez.

Soza deja cuatro citaciones

El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso de supuesto terrorismo y que estuvo el jueves en Santa Cruz, entregó citaciones a Gary Prado, Zvonko Matkovic Ribera, Carlos Baldivieso y Juan Pablo Paz, quienes deberán presentarse a declarar en la ciudad de La Paz entre el 18 y 23 de marzo. El representante del Ministerio Público también requirió de la dirección de Derechos Reales, que emita un informe sobre los bienes inmuebles de 52 personas que son parte de una lista de investigados.

Prado dijo que no irá y que si el fiscal quiere su declaración deberá tomársela en Santa Cruz. “A Soza no le tengo respeto porque él me denigró, pero no iré a La Paz porque tampoco puedo perder tiempo para mi campaña”, dijo.

El abogado Carlos Subirana, patrocinante de Matkovic Ribera, hijo del ex prefecto adenista Zvonko Matkovic, comentó que su defendido pidió que lo citen con anticipación.

El Deber no alcanzó a verificar si Soza entregó las citaciones a Carlos Baldivieso y Juan Pablo Paz, pero el fiscal mostró ambas notas antes de comenzar su recorrido. De todas maneras, ambos deberán presentarse en La Paz la próxima semana.