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Ed. Impresa García Linera llamó a la Ley Anticorrupción –promulgada ayer– la "ley guillotina". Esta norma es retroactiva

Evo: "llegó la hora de sentar la mano…"

Por Agencias - Agencia - 1/04/2010


El presidente y vicepresidente Evo Morales (centro) y Álvaro García Linera (izq.), ayer en Palacio de Gobierno. - La Prensa Los Tiempos

El presidente y vicepresidente Evo Morales (centro) y Álvaro García Linera (izq.), ayer en Palacio de Gobierno. - La Prensa Los Tiempos

Agencias

“Llegó la hora de sentar la mano” a los que hicieron daño al Estado. Así de duro se mostró el presidente Evo Morales ayer tras promulgar la polémica Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", la misma que fue bautizada por el vicepresidente Álvaro García Linera como la “ley guillotina”,  porque caerá contra todo ex y actual funcionario público que “robe un centavo del Estado”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que a hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas. Si aplicamos esta norma y nos educamos, la economía seguirá creciendo porque los datos demuestran que por año se roban de 200 a 300 millones de dólares”, manifestó el Primer Mandatario en el acto especial en Palacio preparado para la ocasión.

La aprobación de la ley fue resistida por los legisladores opositores y cuestionada por cuatro ex mandatarios de la República, porque la consideran draconiana, porque no respeta las garantías constitucionales de las personas, viola tratados internacionales y sólo busca la persecución política de quienes piensan diferente al presidente Morales.

El Gobierno anunció ayer la inmediata puesta en vigencia de la nueva norma y advirtió que serán implacables en su aplicación. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció que existían investigaciones en curso contra varias ex autoridades por hechos de corrupción, a quienes alcanzará la nueva ley.

La norma se aplicará, de manera retroactiva, para autoridades actuales y ex autoridades del Estado sospechosas de corrupción, para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos. Tal y como establece la nueva Constitución, declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico", además eleva las penas hasta el máximo de 10 años de reclusión.

El instrumento legal crea nuevos delitos tales como el uso indebido de los bienes del Estado, el enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia y la falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, los mismos que alcanzan no sólo a funcionarios públicos, sino también a personas y empresas particulares.

“Esta ley, no pudimos aprobar desde 2006. Incluso en una oportunidad, en enero de 2009 convoqué a una sesión de Congreso, pero me dejaron si quórum, gracias a Dios esa oposición ha desaparecido”, afirmó el vicepresidente García Linera, en el acto.

 Anotó que a partir de ahora quedaba en manos del Ejecutivo la aplicación de esta ley. “De esta ley guillotina (...) que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo del Estado", remarcó.

García Linera también manifestó que esta "ley de dignidad" limpiará la administración del Estado de funcionarios que no tengan compromiso de servicio con el país.

Al promulgar la ley, el presidente Morales defendió la norma como un hecho histórico en Bolivia y pidió a los países vecinos y organismos internacionales no proteger a los implicados en los hechos de corrupción.

Se anunció la pronta creación de un consejo nacional de lucha contra la corrupción, que estará integrada por los ministerios de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y de Gobierno, Ministerio Público, Contraloría, Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Procuraduría General del Estado y las organizaciones sociales.

Tendrá como funciones el elaborar políticas anticorrupción. No tiene atribuciones de juzgar ni perseguir penalmente, aclaró la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

El mandatario agregó que "desesperadamente algunas familias, ex ministros, ex autoridades van transfiriendo sus bienes a otras personas, hay algunas familias que están escapando de Bolivia", señaló en su discurso, en alusión a la huida en lo que va del año de casi una docena de líderes opositores, entre ellos los ex prefectos Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, y el candidato a alcalde de La Paz Guillermo Fortún.

"Yo quiero aprovechar y pedir a países vecinos, presidentes, a los países del mundo que no pueden proteger ni defender a ningún corrupto”, añadió Morales.

PUNTOS CUESTIONADOS DE LA LEY

• Permite el juzgamiento en rebeldía, es decir, en ausencia del procesado.

• Incluye la retroactividad, lo que quiere decir que se juzgarán hechos pasados que en el momento de suceder no eran considerados delitos, lo que podría tocar a los gobiernos previos al de Morales.

•  La confiscación de bienes podrá hacerse cuando el juzgador lo decida.

• Crea ocho nuevos tipos penales para juzgar a los funcionarios públicos y permite el levantamiento del secreto bancario para casos de apropiación de los bienes del Estado.

• Los presidentes y gobernadores no tendrán juicio de privilegio o juicio de responsabilidades en caso de que sean investigados por corrupción. Esto quiere decir que serán sometidos a la justicia ordinaria.

• Define la continuidad de delitos que antes prescribían a los 10 años de cometidos. Los delitos son imprescriptibles.


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