Sube la polémica por los informes sobre Caranavi

No cesan las acusaciones y contraacusaciones desatadas entre el Gobierno y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y el Defensor del Pueblo a raíz de los informes presentados por estas dos últimas sobre los sucesos violentos registrados en el desbloqueo de Caranavi en mayo pasado y la muerte de dos estudiantes en medio del operativo.

Ayer, el ex policía peruano y activista de base de la Asamblea de Derechos Humanos (Apdh) de La Paz que está como abogado de los familiares de los dos jóvenes muertos en Caranavi, Jorge Quiroz, demostró, exhibiendo una resolución judicial del 28 de agosto de 2007, que no tiene ningún proceso pendiente con la justicia de Perú y desmintió que exista una orden de extradición en su contra.

Para el abogado, su delito fue presentar, a nombre de los familiares de las víctimas, la querella por asesinato en contra de las principales autoridades nacionales que intervinieron en el desbloqueo, entre ellos el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante de la Policía, general Oscar Nina.

Luego de que Quiroz denunciara persecución del Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, informó el lunes pasado que el abogado era buscado por la justicia de su país por un caso de narcotráfico. La autoridad gubernamental alegó este antecedente como la razón de la investigación iniciada contra Quiroz por supuesto narcotráfico en el país y el allanamiento a su oficina y domicilio la semana pasada.

Quiroz y su esposa Claudia Lecoña, también abogada, confirmaron ayer que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando que “el Estado boliviano garantice nuestras vidas, la libre circulación y nuestro trabajo".

La presidenta de la Apdh de Bolivia, Yolanda Herrera, reiteró ayer que las autoridades han procedido de una forma "estigmatizadora y discriminatoria" en contra de Quiroz y su esposa cuando la nueva Constitución del país prohíbe esas prácticas.

Destacó que nunca antes las autoridades señalaron los antecedentes de Quiroz siendo que éste vive varios años en Bolivia hasta que se conoció el informe.

Herrera ratificó el informe del caso Caranavi elaborado por la Apdhb y precisó que es un documento institucional elaborado por muchas personas que recibieron testimonios y asistieron a los los lugares donde se produjeron los hechos.

No obstante, adelantó que debido al problema que se desató con la persecución a los dos abogados, el comité ejecutivo nacional de la asamblea determinará el cambio de los abogados Jorge Quiroz y Rosario Lecoña, lo que no significa que desprotejan a los dos profesionales.

Los padres de los jóvenes que perdieron la vida en mayo pasado, por su parte, expresaron su apoyo a Quiroz y ratificaron que él continuará como su abogado en la denuncia presentada contra el ministro Sacha Llorenti y los jefes policiales, aunque manifestaron su preocupación por las trabas a las investigaciones del Ministerio Público.

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