Los nueve ayllus del norte del departamento de Potosí dieron al Gobierno 24 horas de plazo a partir de ayer para liberar a Hilarión Escapa, sospechoso del linchamiento a cuatro policías en Saca Saca (Uncía) y detenido en la cárcel de Cantumarca de la Villa Imperial, y para que los fiscales que investigan este caso abandonen esa región y sean destituidos de sus cargos.

Al respecto, desde el Gobierno ayer no hubo ningún pronunciamiento.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Oscar Nina, aseguró que “la ley se cumplirá y punto” y, por separado, el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, aseveró que los fiscales no serán removidos de sus cargos y que las investigaciones continuarán.

La resolución, adoptada en un cabildo el fin de semana, fue dada a conocer ayer a la prensa en La Paz por los representantes de esta región luego de una reunión que sostuvieron con el presidente Evo Morales para comunicarle el ultimátum.

"Los nueve ayllus de la provincia Bustillos (Potosí) hemos sacado una resolución de ser los guardianes en nuestros territorios. Si entran los fiscales o policías a nuestro territorio camuflados de civiles, van a tener las consecuencias. Los fiscales de Potosí, Uncía y Llallagua deben renunciar en 24 horas", dijo Boris Colque, mallku de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí.

Además, advirtieron que no permitirán el ingreso a Uncía de fiscales y policías para seguir la investigación del linchamiento de los cuatro policías de Diprove Oruro, ocurrido a fines de mayo pasado, y si quieren hacerlo, deben coordinar con las autoridades originarias y ser sancionados de acuerdo con sus usos y costumbres.

“Recomendamos al hermano Sandro Fuertes (fiscal de Distrito de Potosí), al fiscal (Trifón) Romero de Llallagua que deben liberar en 24 horas a las personas que están detenidas en Uncía, al hermano Anselmo y también el hermano Hilarión Escapa, que está detenido en la cárcel de Potosí”, agregó .

Además, dijo que “deben retirarse (los fiscales). Si no se retiran en 24 horas, nosotros en cincuenta flotas vamos a ir los ayllus guerreros hasta la ciudad de Potosí”, advirtió al anotar que la justicia ordinaria es para las víctimas que no están involucradas en el caso, entre ellas uno que tiene 60 años y está sufriendo”.

Consultado sobre las acciones que tomarán si no se cumplen sus exigencias, Colque se limitó señalar: “Estamos dando plazo para que puedan retirarse. Caso contrario, se atendrán a las consecuencias. Como nunca, Norte Potosí está unido”.

El juez cautelar Edgar Jallasa determinó el fin de semana la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca, de Potosí, de Hilarión Escapa, uno de los cinco sospechosos identificados del linchamiento a los cuatro policías. Los otros cuatro estarían desaparecidos.

Ayllus

• Los nueve ayllus del norte de Potosí exigen la liberación del único sospechoso detenido por el asesinato de cuatro policías.

“No se va a hacer caso a amenaza”

El comandante general de la Policía, Oscar Nina, manifestó ayer que los ayllus potosinos pueden decir “cualquier cosa” o amenazar pero la ley no se negocia, “la ley es la ley y en ninguna parte se dice que se debe negociar bajo amenaza, bajo presión. Nada de eso. La ley se cumple y punto”, sostuvo.

La autoridad policial respondió de esa manera al ultimátum dado a conocer ayer por los ayllus del norte de Potosí para que se suspendan las investigaciones iniciadas para dar con los responsables del linchamiento de cuatro policías de Oruro en mayo pasado en un ayllu de Uncía.

“Pueden decir lo que quieran. La ley es la ley. No se va a hacer caso a ninguna amenaza. La ley no se tranza, no se entra en componenda. No, no. La ley se cumple y punto”, reiteró Nina.

Agregó que no hay “absolutamente nada” que pueda parar este proceso de investigación, porque es un mandato de la ley y nadie se puede oponer al mandato de la ley. “Lo que nosotros vamos a hacer, porque la Constitución en el artículo 251 dice, vamos a hacer cumplir la ley”, dijo.

Consultado sobre si se tomarían algunos recaudos para proteger a los investigadores policiales y los efectivos desplazados en esa región ante cualquier acción de los comunarios, el jefe policial aseveró que no harán nada y dijo que el tema no ameritaba ningún comentario.

Los fiscales no renunciarán

El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, dijo que los fiscales no tienen por qué renunciar puesto que sus cargos son institucionalizados y sólo cumplen la normativa legal vigente en el país.

“Hacer conocer a los ayllus de Uncía que están promoviendo una movilización, que los fiscales encargados del denominado caso ‘ayllus de Uncía’ son fiscales institucionalizados y que únicamente pueden ser destituidos por haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, falta disciplinaria muy grave”, puntualizó.

También dijo que ya toman previsiones con el personal del Ministerio Público asentado en Llallagua y Uncía para garantizar el trabajo. “No podemos darnos lujo como Ministerio Público de hacer caso a una amenaza. Nosotros, como defensores de los valores del Estado boliviano, no vamos a ser amedrentados por ninguna persona”, acotó.

La autoridad dijo que se toman precauciones frente a la amenaza de tomar la Fiscalía. “De darse estos hechos, vamos a hacer, en apego a la ley, que la fuerza pública necesaria actúe en consecuencia”.