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19:00 EN HUELGA DE HAMBRE

Recrudece el conflicto en cárcel de mujeres de Obrajes

Por Anf - Agencia - 4/04/2011


Mujeres de la cárcel de mujeres de Obrajes -   APG Agencia

Mujeres de la cárcel de mujeres de Obrajes - APG Agencia

LA PAZ |

Jiovanna Navía, esposa del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez y representante de las privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, pidió este lunes a las autoridades dar pronta solución a la demanda de aumento de prediarios y también modificar la Ley 007 que, dijo, perjudica a la población penal.

Navía dijo que las reclusas de este centro penitenciario ingresaron en huelga de hambre, a la que ella se sumó, y amenazan con asumir medidas más radicales, como cortarse las venas. Denunció asimismo que la gobernadora de esta cárcel aisló a dos de las manifestantes, a quienes habría privado de alimentos desde hace dos días, en franca violación a sus derechos humanos.

Dijo que a más de una semana de movilizaciones, la salud de sus compañeras ya está deteriorada. Con todo, dijo a Radio Panamericana, que proseguirán con sus protestas demandando, además del incremento de los prediarios a un mínimo de Bs 10, mejorar la infraestructura del penal y el servicio de salud.

Navía, acusada de complicidad en el caso denominado Catler, que involucra a su esposo, que también guarda detención en la Cárcel de San Pedro, dijo que esperarán hasta este martes para lograr respuesta por parte del Gobernador de La Paz, César Cocarico, dado que el Gobierno dijo que las gobernaciones tienen que cooperar en el incremento de los prediarios.

"El director de régimen penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, dijo que se reunirá con los gobernadores del país para tocar este tema", dijo.

El artículo primero de la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, modifica varios artículos del Código de Procedimiento Penal. Los privados de libertad cuestionan la reforma al artículo 239 que dice: "La detención preventiva cesará cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado acusación, o de 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia". La norma anterior fijaba la cesación de la detención preventiva a los 18 meses.

Un reciente informe detalla que con la aplicación de la Ley 007, aprobada el 17 de mayo del 2010, la población carcelaria del país creció en al menos 5%. En Santa Cruz los reos hablan de un 27%, lo que habría profundizado el hacinamiento. Navía indicó que esta ley quita toda opción que tienen los presos a recuperar su libertad.


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