Ministra: Un compromiso para pago de bono no puede incluirse en la ley

La inclusión de un “compromiso” para el pago de un bono general de 3.000 bolivianos a partir de 2013 no corresponde en el contenido de la Ley General de Trato Preferencial para los discapacitados, dijo ayer la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, debido a que no existe una fuente de financiamiento asegurada.

Los discapacitados rompieron el diálogo con el Gobierno porque consideran que fueron “burlados” y que las autoridades incumplieron el acuerdo firmado días atrás. La denominada Caravana de la Integración tiene previsto reanudar hoy su camino rumbo a La Paz, insistiendo en que se aseguren 3.000 bolivianos anuales, desde el año próximo, para todas las personas con discapacidad del país.

Ayer las personas que realizan una vigilia en la parroquia de San Francisco, en Cochabamba, realizaron una marcha por el centro de la ciudad. 

Ayllón dijo sentirse “sorprendida” con las acciones de los dirigentes de las personas con discapacidad cuando “todo estaba como ellos lo habían exigido” e incluso firmaron el documento después de leer y revisarlo. “Ahora desconocen el acuerdo y declaran, de mala fe, que se les ha engañado”, señaló ayer.

Por su parte, el presidente, Evo Morales, dijo ayer en Oruro que se necesitarían cerca de 300 millones de bolivianos para cubrir el bono de todos los discapacitados que existen en Bolivia, porque se calcula que llegarían a 100 mil; pero el Estado solo cuenta con 20 millones de bolivianos.

“Ya no hay mucha conciencia” dijo Morales al referirse a la reanudación de la marcha; pero también indicó que “hay que hacer algo” en conjunto con las gobernaciones y municipios para atender a las personas con discapacidad grave y muy grave.   

“Las leyes son imperativo-categórico, no podemos comprometernos a buscar (financiamiento) y dar (un bono) cuando  de pronto ni se va a buscar ni se va a dar”, dijo Ayllón a tiempo de afirmar que  el Ejecutivo cumplió a “cabalidad” el acuerdo firmado con los dirigentes y que concluyó con la remisión del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento.

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