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Ed. Impresa Ante procesos, ONU se pronuncia

Piden despenalizar delito de desacato

Por San­dra Arias - Los Tiempos - 11/02/2012


El senador de CN, Roger Pinto, cuando anunciaba que no se presentaría a citaciones por desacato, en La Paz, el martes. -   Apg Agencia

El senador de CN, Roger Pinto, cuando anunciaba que no se presentaría a citaciones por desacato, en La Paz, el martes. - Apg Agencia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de desacato contra políticos y legisladores, y dijo que se violan derechos constitucionales. También ofreció su asistencia  para hacer una reforma penal.

La denuncia por desacato interpuesta por la Fiscalía contra Carmen Gonzales y Roger Pinto, senadores de Convergencia Nacional (CN), es el último caso conocido.

El abogado y analista jurídico Víctor Gutiérrez señaló que aplicar a un legislador la figura de desacato como delito es violar sus labores fiscalizadoras y una lectura incorrecta de la Constitución Política del Estado (CPE). 

En su comunicado, la Oacnudh cita la detención “arbitraria” de Gonzales, el pasado 26 de enero, por más de cinco horas, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras denunciar anomalías en la gestión del Gobernador de Pando.

También se señala la inadecuada interpretación del artículo 151 de la CPE que establece el respeto al derecho de los asambleístas a la inviolabilidad personal y del domicilio.

“La inadecuada interpretación de dicha norma constitucional y la ausencia de criterios judiciales prácticos por los operadores de justicia pueden provocar este tipo de acciones que van en detrimento de la institucionalidad del país”, dice la nota.

“También la Oficina considera que el desacato puede ser restrictivo de la labor y el desempeño de todo asambleísta, en particular en sus funciones de fiscalización y otras enunciadas en la Constitución”.

Además, se recordó que ya “en varias oportunidades” la propia Alta Comisionada de Oacnudh, Navanethem Pillay, recomendó al Estado boliviano la despenalización del desacato por violar garantías individuales y restringir la libertad de expresión.

“Aberración legal”

Gutiérrez señaló que el desacato como delito es un resabio de regímenes autoritarios y que fue excluido de la mayoría de las legislaciones en el mundo. En Sudamérica, solo Bolivia y Ecuador lo incluyen en su Carta Magna, añadió.

Para Gutiérrez, se trata de una aberración legal y de un arma para asegurar la impunidad de los funcionarios públicos.

También dijo que la profusión de este tipo de denuncias de parte del Ministerio Público es una muestra de que se ha convertido “en un brazo político y represor del Gobierno”.

Firmas contra el desacato

El senador opositor Germán Antelo, de Convergencia Nacional (CN), comenzó ayer con una campaña para que el desacato sea eliminado del Código Penal, confirmó ayer el senador de CN, Roger Pinto.


Además, el martes pasado, Antelo anunció que su bancada presentaría, la próxima semana, un proyecto de ley con el mismo objetivo y el mismo día los legisladores de su partido anunciaron que no se presentarían a citaciones de la Fiscalía por desacato.


Antelo, en La Paz, señaló que a pesar de que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene dos tercios de la representación parlamentaria, su partido esperaba que la propuesta fuera aceptada para su tratamiento.


En el Código Penal boliviano, comete desacato “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”.

 

“ES AMEDRENTAMIENTO”

El senador opositor Roger Pinto, de Convergencia Nacional (CN), señaló ayer a este medio que las denuncias por desacato, hechas por la Fiscalía, son una muestra de la persecución política del Gobierno contra quienes cuestionan su accionar.


“Es un acto de amedrentamiento”, dijo Pinto y señaló que existen más de 100 denuncias del Gobierno contra parlamentarios que denunciaron irregularidades de funcionarios públicos, lo cual evidencia que existe “una cultura de la impunidad y de la protección”.


Pinto dijo que hasta la fecha tiene más de 10 denuncias por desacato. Su copartidaria, Carmen Gonzales, tiene dos y ya fue detenida una vez, el mes pasado.

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