Amenaza de juicio no frena planes de marcha

Santa Cruz |

La advertencia de enjuiciar por desacato a los que se opongan a la consulta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del Tipnis, sólo sirvió para echar adelante el plan de la novena marcha indígena en defensa de la Ley 180 de protección al parque. Así lo señaló Nelly Romero, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que ha dicho que la amenaza gubernamental sólo despierta coraje y ansias.

El encuentro del movimiento indígena que definirá el arranque de la movilización ya tiene fechas confirmadas para este mes. Se prevé que el 23 y 24 de febrero se reúnan los miembros de la comisión nacional de la Cidob y los corregidores de las 68 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con ese propósito.

Mientras, los parlamentarios del MAS reiteran la advertencia. “Quien se opone a la consulta se opone a la Constitución; eso significa sedición. La sedición tiene castigo y nosotros denunciaremos aquello”, insiste Galo Bonifaz, un día después de la promulgación de la Ley 222 de consulta para el Tipnis.

El presidente Evo Morales sostuvo el viernes que quienes se resisten a esta ley, se resisten a cumplir lo que manda la Carta Magna.
Pero estos anuncios, en lugar de disuadir el ánimo de protesta de los indígenas, solo han servido de leña para el fuego del conflicto que se arrastra desde 2011. “Al primero que deberíamos meter preso es al presidente Evo”, dice Romero, molesta. “No tenemos miedo al Gobierno, a sus matones ni a sus juicios”, vocifera Judith Rivero, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib).

La Ley 222, que fue aprobada por el congreso a pedido de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), establece que la consulta se realizará a los tres pueblos que viven en el Tipnis: moxeño-trinitarios, tsimanes y yuracarés en un plazo de 120 días, desde la promulgación.

Ley 222, la única vía

El oficialismo asume que la aplicación de la consulta en el parque es la única vía para zanjar el conflicto por la vía Cochabamba-Beni. “Evitaremos la confrontación entre quienes no quieren una carretera en el Tipnis y entre aquellos que plantean lo contrario”, interpretó la presidenta del Senado, Gabriela Montaño (MAS). Opinión que coincide con la de los marchistas de Conisur, que ayer retornaron a sus comunidades en aviones del Gobierno.

Pero en la Cidob hay un criterio diferente. “La Ley 222 y la consulta que se quiere hacer en el Tipnis es inconstitucional porque no se hará antes de la aprobación de contratos de obra (2008), ni de buena fe”, responde Rivero.

En criterio de los indígenas de la Cidob, el Gobierno busca adueñarse de la bandera de la consulta previa a destiempo, pretende dar una buena imagen a la comunidad internacional y ‘envolver’ a la opinión pública nacional con la idea de que ésta es una pugna entre dos bandos de indígenas, cuando el proyecto carretero es impulsado en realidad por el convenio entre los gobiernos boliviano y brasileño.

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