El presidente en ejercicio Álvaro García Linera calificó ayer de desatinada la decisión asumida por el Gobierno del Brasil de otorgar asilo político al senador Roger Pinto, jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores, al considerar que sobre él pesan procesos penales por los "asesinatos registrados en septiembre de 2008 en el Porvenir, Pando", además de juicios por daño económico al Estado y delitos comunes.

García dijo que los trámites de asilo político del legislador opositor pandino se encuentran bajo la competencia y procedimientos de la Cancillería del Estado Plurinacional, por lo cual se abstuvo de emitir más criterios sobre este asunto que causó preocupación y malestar entre los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Brasil publicó la aceptación de la solicitud del senador la semana pasada, a través de un comunicado, aunque la Cancillería boliviana insiste en que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esa decisión.

El senador está a la espera de que el Gobierno boliviano emita un salvoconducto que le permita trasladarse desde la Embajada brasileña hasta el aeropuerto y salir del país, sin ser detenido.

A las críticas contra Brasil, por su decisión de asilar a Pinto, ayer se sumó el fiscal General del Estado, Mario Uribe, quien declaró que ese país violó dos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción con esta determinación.

“El hecho de que se conceda el asilo significa el grave riesgo de que quedarán en la impunidad hechos (de corrupción) que se están procesando”, dijo Uribe.

"La ciudadanía comprenderá que no queremos, desde el Ministerio Público, que ocurra lo mismo que con el gobernador del departamento de Tarija, el señor Mario Cossío; esa es la preocupación que tenemos y el hecho que se le concediera asilo significa impunidad en hechos que están siendo procesados", manifestó Uribe.

Asimismo, señaló que la figura del asilo planteada en circunstancias como las de ambos dirigentes políticos "disminuye la eficacia en lo que las Naciones Unidas están pidiendo en la lucha contra la corrupción".

Ayer, un grupo de personas realizó una protesta en puertas del edificio de la Embajada de Brasil en La Paz, rechazando el asilo otorgado al senador y advirtiendo que no dejarán que Pinto abandone el país.

Consultado sobre el salvoconducto que debe emitir el Gobierno de Morales para permitir a Pinto trasladarse a Brasil, el Vicepresidente señaló que "es un procedimiento que está en manos de la Cancillería".

Pinto se ha quejado en una carta de que hay "más de 20 procesos penales" en su contra abiertos por el Gobierno y el oficialismo, cada "uno más descabellado que el otro", según él.

García Linera negó que el senador sea un perseguido político y explicó que, por ejemplo, está acusado "de asesinato", por su supuesta responsabilidad en una matanza de campesinos en Pando ocurrida en septiembre de 2008.

La salida del Gobierno

La propuesta

Álvaro García dijo que planteará otro mecanismo para frenar las acusaciones "llenas de infamias, calumnias, mentiras por parte de la oposición".

El proceso

El fiscal general, Mario Uribe, señaló que continuarán las acciones legales contra el senador Pinto, porque sus delitos son de orden público.

FISCAL: LOS JUICIOS PROSEGUIRÁN

El fiscal General del Estado, Mario Uribe, aseguró ayer desde Sucre que los juicios por desacato contra el senador Roger Pinto continuarán a pesar de que autoridades, como la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, y el vicepresidente Álvaro García Linera, desistieron de las denuncias que presentaron en contra del senador por presuntas difamaciones y calumnias.

Las expresiones de Uribe coinciden con las del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, quien declaró que los procesos por desacato deben continuar aunque los afectados renunciasen a las denuncias.

“Tratándose el delito de desacato de una acción pública, el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, debe proseguir con la investigación hasta la conclusión en una de las formas que establece el Código Penal de estos procesos”, anunció la autoridad judicial.

“Si el funcionario público no denuncia un delito de orden público incurre en un encubrimiento o incumplimiento de deberes”, dijo Uribe al alegar que la ministra Suxo estaba obligada a denunciar al senador, cuando consideró que éste había incurrido en un ilícito, y “así lo hizo en cumplimiento de sus funciones".

Debate sobre el delito de desacato

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera confirmó ayer que en su condición de jefe del Legislativo propiciará la reforma de esa figura penal. "Abriremos el debate para eliminar el desacato (del Código Penal), pero debemos debatir también qué haremos con personas (de oposición) que, a falta de ideas, acusan y mienten", dijo.

“Necesitamos sacar el artículo sobre desacato, hay que sacarlo, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, aseguró el Mandatario.

Dijo que hay necesidad de una figura que permita que la función pública sea respetada y no mellada. “Seguramente en el debate democrático en la Asamblea encontrarán alguna figura o sino, viendo la legislación comparada, alguna figura que ponga un cierto freno a la crítica política, que la respetamos, a la calumnia, a la mentira y acusaciones infundadas”, insistió.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, expresó su rechazo a la eliminación del delito de desacato, con el argumento de que si ocurre aquello, se daría vía libre al desprestigio de las funciones públicas.

El desacato es un delito penal castigado hasta con dos años de cárcel y se aplica cuando un funcionario público es calumniado o difamado en el ejercicio de sus funciones.